La Contraloría General de la República cuestionó la injerencia directa que, según pudo acreditar, tuvieron los ministerios de Transportes y Hacienda sobre la empresa estatal Enap-Refinerías, para que aprobara condiciones especiales de venta de combustible, “con la exclusiva finalidad de beneficiar” al plan de transporte masivo de la capital, Transantiago.
En mayo del año pasado, informan los periodistas J. Troncoso y F. Derosas de Emol, cuando el plan de transporte pasaba por su mayor estrechez financiera, el Gobierno buscó fuentes de financiamiento transitorias, a la espera de una línea de crédito solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$ 400 millones.
Una de estas operaciones fue emitir pagarés a fecha.
Según Contraloría, a cargo de Ramiro Mendoza, el Ministerio de Transportes instruyó el 28 de mayo de 2008 al Administrador Financiero del Transantiago (AFT) para que suscribiera pagarés a nombre de los operadores del Transantiago, en pago por servicios.
Ese mismo día, el AFT emitió 28 pagarés a plazo fijo, y sin obligación de protesto, por $9.619 millones más intereses.
Los instrumentos fueron endosados por los operadores a las empresas Terpel y Copec. Las distribuidoras, a su vez, los transfirieron a Enap-Refinerías, en pago de facturas adeudadas por la compra de combustible.
Si bien la Contraloría constató que Enap hizo efectivo todos los pagarés, el organismo fiscalizador cuestionó la excepción a su política de crédito y la actuación de Transportes y Hacienda.
La investigación fue solicitada hace cerca de un año por los senadores Jovino Novoa y Andrés Allamand y los diputados Cristián Monckeberg y Gonzalo Uriarte.
