Archivo diario: marzo 29, 2010

Enfoques ante déficit por terremoto

El subgerente de Estudios del banco Banchile (logo), Rodrigo Aravena, considera que el estado tendrá que apelar a distintas fuentes para solventar los US$ 10.000 millones de déficit que generará a las finanzas públicas el terremoto del 27 de febrero, para lo cual podría endeudarse, debido a lo bajas que están las tasas, utilizar algo del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), liquidar dólares en no más de US$2 mil millones, emitir deuda interna en no más de US$2 millones y la venta de activos en algunas sanitarias en no más de US$1.500 millones, deuda internacional y finalmente la revisión al alza de algunos impuestos.

Leonardo Suárez, director de Estudios de LarrainVial, estima que la mitad del gasto para financiar cerca de US$9.400 millones que debe cargar el sector público para recuperar la infraestructura perdida, se concentrará en 2011. Proyecta un déficit fiscal de 4% del PIB este año. “Lo que más hay que hacer es gastar en inversión. Se habla de reasignación presupuestaria (US$700 millones), de emisión de deuda en el mercado nacional e internacional y de uso de fondos soberanos y excedentes del cobre. Eso sacrificaría la regla fiscal. De las sanitarias, el Gobierno a lo más podría sacar US$1.000 millones”.

Cristián Gardeweg, analista de Celfin, comenta el déficit debe cubrirse “con emisión de deuda en el mercado local, no más de US$6 mil millones para no presionar aún más las tasas de interés; venta de dólares, entre US$2 mil y US$3 mil millones, y posibles alzas tributarias, ventas de activos y donaciones por US$1 mil a US$2 mil millones”.

Para Jorge Selaive, economista jefe del Bci, la prioridad en el financiamiento del déficit (que este año calcula en torno al 4% del PIB, es decir, US$6 mil millones) es mediante la liquidación de participación en empresas estatales no estratégicas. “El monto máximo de incorporar esta alternativa sería algo más de US$3.000 millones. El daño en activos clave es mínimo porque tienen carácter defensivo y tarifas reguladas. La demanda de estas acciones será positiva”. Y agrega: “Dado que la deuda soberana de Chile es una de las menores entre las economías emergentes, la demanda de inversionistas internacionales por la deuda chilena es alta, y las tasas son atractivas. No debiera ser menor a US$ 500 millones. Más aún, el Gobierno puede usar instrumentos derivados para mitigar el impacto cambiario por la liquidación de los dólares recaudados”.

Versión completa de la periodista Victoria Reyes, leer acá.

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US$28 millones para el agro

Un segundo fondo agrícola, esta vez por hasta US$ 28 millones, lanzó en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corfo y el brazo de capital privado de LarrainVial (logo), Activa. A cargo de administrar el fondo estará Sembrador, sociedad creada en 2005 por la corredora de bolsa y la empresa exportadora de fruta Subsole. Ese año, las firmas lanzaron un primer fondo de US$ 12 millones: US$3 millones de inversionistas privados y otros US$9 millones a través de las líneas de capital de riesgo, para empresas innovadoras de Corfo. Con ese dinero levantaron 6 proyectos agrícolas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía. José Miguel Fernández, director ejecutivo de Sembrador y gerente general de Subsole, dice que el actual fondo para proyectos agrícolas estará compuesto por US$ 3,5 millones provenientes de inversionistas privados, otra cifra similar del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID y US$ 14 millones, que podrían convertirse en US$ 21 millones, por parte de Corfo. José Antonio Jiménez, director ejecutivo de Activa, agrega que con la aplicación de los montos recaudados y la puesta en marcha de los proyectos se podrían crear hasta 3.000 puestos de trabajo.

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No demoler sin peritaje

Dieciocho propietarios del edifico Centro Mayor, de Concepción, presentaron un recurso de protección para evitar la demolición del inmueble, uno de los 6 edificios que, además del Alto Río (foto), colapsaron en Concepción con el terremoto del pasado 27 de febrero y tienen que ser destruidos por orden del municipio. “Se quiere evitar que éste sea destruido antes de realizar las pericias para determinar las causas del colapso del edificio. Una vez que se demuela van a desaparecer las pruebas y se blanquearán las responsabilidades, lo que va a favorecer la impunidad de las empresas responsables”, explica el abogado Andrés Durán, quien representa a 18 propietarios del edificio, quienes pagaron más de $40 millones al contado, cada uno, por sus departamentos y lo han perdido todo. “Lo que queremos es recuperar nuestra inversión y no quedar con las manos vacías, porque hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta de la constructora ni ha habido un acercamiento”, cuenta Eduardo Spoerer, dueño de dos departamentos en el edificio Centro Mayor. De acuerdo con los datos aportados por los propios vecinos, el edificio habría sido ofrecido en la promesa de compraventa con 15 pisos, pero luego se le agregaron 2 pisos más y una piscina en el último, y se desconoce si eso fue nuevamente calculado. El abogado emplazó a la Municipalidad de Concepción a entregar toda la documentación que presentó la constructora para aprobar la construcción, así como la recepción final, para hacer un peritaje serio.

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