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Ajustan cálculo de tarifas eléctricas

A variaciones mensuales en las cuentas de la luz deberá acostumbrarse cerca del 94% de la población del país abastecida por el Sistema Interconectado Central (SIC), según fuentes de la Comisión Nacional de Energía (CNE). ¿La razón? La periodista Jéssica Esturillo explica que la entrada en vigencia del nuevo sistema de precios que, ligado al mecanismo de licitación de suministro de las distribuidoras eléctricas, activó una serie de elementos que incidirán en el cálculo tarifario y desencadenarán una volatilidad, tanto al alza como a la baja, que este año será especialmente marcada. Con el modelo anterior de tarifas, la autoridad calculaba las tarifas eléctricas a partir de la variación de los contratos de los grandes consumidores, y de un polinomio con factores como el tipo de cambio y otros, de modo que las cuentas de luz cambiaban dos veces en el año (mayo y noviembre). A ello se sumaba la esporádica posibilidad de indexaciones por cambios bruscos en la citada canasta de cálculo. Ahora, con el nuevo sistema de licitaciones, que comenzó el primero (1) de enero pasado y entró en vigencia recién en la semana pasada, con cuatro meses de retraso por el trámite en la Contraloría, los elementos que producen una variación tarifaria se multiplican. Esto, a juicio de expertos, podría generar algún grado de desorden a nivel de los consumidores. El principal factor que incidirá en este escenario es que una parte de los contratos licitados, que corresponde a consumos de 2010 ligados a CGE Distribución, están indexados al costo marginal, que corresponde al costo de operación de la unidad menos eficiente del sistema, y al que están amarrados parte de los contratos de grandes clientes. Este último indicador es muy sensible a la condición hidrológica y también al comportamiento de combustibles para generación, como el diésel o GNL. Además, figura la entrada de nuevos contratos de suministro, que obligan a recalcular estos precios de largo plazo, así como la coexistencia con el sistema de cálculo antiguo, al cual está ligado cerca del 35% de los consumos del SIC, de acuerdo con estimaciones de la CNE. La ex titular del organismo, María Isabel González, explicó que lo positivo de esta situación es que al ser más seguidos, los cambios tarifarios serán más acotados e incluso podrían no influenciar en la banda que activa las indexaciones que son traspasadas al público. La CNE adelantó que en marzo y abril hubo indexaciones que están en trámite en la Contraloría y entrarán en vigencia en forma retroactiva.

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Pozo de irregularidades en la Enap

Deficiencias en diversas áreas de la Empresa Nacional de Petróleos, Enap, detectó la Contraloría General de la República, tras una auditoría realizada en 2009 que comprendió el último año (2008) de la administración del ex gerente general Enrique Dávila (foto), (quien renunció a Enap el 29 de diciembre del 2008) durante la cual se registraron 1)pérdidas por US$ 1.000 millones por decisiones de compra de stock de crudo, tomadas en un período de alta volatilidad de precios. Entre las deficiencias que arrojó el informe había 2)pagos pendientes, y personas que 3)accedieron a sistemas de información computacionales para los cuales se hallaban inhabilitadas. Otras deficiencias, según reporte del periodista Miguel Concha Manso, hablan del 4)pago de multas por declaraciones fuera de plazo de ventas de gasolina y diésel, 5)gastos excesivos por concepto de alimentación, y 6)falta de especificación por pagos de honorarios, entre otras cosas. El informe de Contraloría detalla que la Enap 7)no ha realizado fiscalizaciones en áreas como el manejo de riesgos, finanzas estructuradas y relación con inversionistas. También la Contraloría hace reparos por la 8)falta en las rendiciones de cuentas, las cuales se arrastran desde el año 2005, y reparos por la 9)entrega de anticipos de viáticos, que al mes de abril alcanzaban los $151.777.722. Por último, se detallan 10)deudas impagas de ex funcionarios por $240.432.217 al 31 de diciembre de 2008, las cuales corresponden a 11)préstamos hipotecarios y otros pasivos.

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Enap debería estar en MinEnergía

El ministro de Energía, Ricardo Raineri (foto), comentó que compartía el diagnóstico de su antecesor Marcelo Tokman respecto a que Enap debía estar en su ministerio y no en el de Minería, como opera hoy. El debate se inició semanas antes de que Tokman abandonara su cargo, cuando envió a la Contraloría una solicitud para que se analizara el tema. Ayer, y tras reunirse con la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el ministro Ricardo Raineri comentó que el tema debía ser visto únicamente por la Contraloría, pero dejó entrever sus esperanzas de que su cartera se haga cargo de la petrolera: “No me corresponde opinar, pero sí compartimos la opinión del ex ministro Tokman”, dijo.

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FIC debe explicar $26.000 millones

Casi $26.000 millones, de los $72.000 millones asignados por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en 2008, aún no han sido rendidos, según lo detectó la Contraloría General de la República (logo) en la Subsecretaría de Economía, la entidad encargada de distribuir estos recursos entre las diferentes reparticiones públicas. El ente fiscalizador señala que ha existido un serio retraso en la asignación de los recursos del FIC, lo que hace que, a esta fecha, aún no se conozca el destino del dinero que fue asignado durante 2007 en el marco del diseño de la Ley de Presupuestos 2008. Se trata de recursos con los que el Gobierno desarrolla concursos para buscar iniciativas que fomenten el emprendimiento. La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) explica más de $20.000 millones de los $26.000 millones que permanecen, según Contraloría, sin rendir.

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Superintendente en campaña de Frei

Personalidades del mundo político y empresarial consideraron inadecuado porque siembre un manto de dudas sobre su imparcialidad, la aparición pública de Guillermo Larraín (foto), superintendente de Valores y Seguros (SVS), en un desayuno del candidato presidencial Eduardo Frei, durante el cual se presentó el equipo que tendría la responsabilidad de analizar una eventual reforma tributaria de ser electo. Larraín, si bien actuó sin transgredir las normas establecidas por Contraloría, su aparición podría poner en tela de juicio el carácter de los fallos de la institución que dirige. El propio superintendente Larraín replicó de inmediato: “No me voy a prestar jamás para una maniobra politiquera. No expondría a la institución o a mí mismo a una mala interpretación respecto de mi profesionalismo”. Y añadió: “No es contradictorio ser extremadamente profesional y celoso en el buen ejercicio de mi labor y ejercer un mínimo derecho de ciudadanía que contempla la misma Constitución”.

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Comisión Diputados absuelve a Enap

enapPor 5 votos (Concertación) contra 4 (Oposición) la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), aprobó un informe que descarta irregularidades en las millonarias pérdidas que tuvo la empresa en 2008, que se elevaron a US$ 1.000 millones.

El resto de los parlamentarios no asistió a la votación, verificaron los periodistas D. Bustamante y G. Orellana.

Las conclusiones a las que llegó la comisión presidida por José Miguel Ortiz generaron profunda molestia entre los diputados opositores, señalando “secretismo” en la entrega de antecedentes de la Enap y un bloqueo de Ortiz para hacer pública una auditoría hecha por la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el informe de la comisión, que deberá pasar al pleno de la Cámara en los próximos días, en las millonarias pérdidas de la estatal no hay una culpabilidad de parte de la administración de la Enap, en ese entonces liderada por su gerente general, Enrique Dávila (desde enero de este año la firma es dirigida por Rodrigo Azócar).

Falta de transparencia y de control, poco poder del directorio, y nombramientos son las principales críticas a la petrolera estatal.

El documento “Conclusiones Comisión Investigadora de Enap”, incluye la visión de los  opositores: la empresa tiene un gobierno corporativo inadecuado, tiene problemas de control interno y, además, nombramientos que no fueron los adecuados en puestos clave.

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TVN informará sueldos ejecutivos

tvnEn una decisión unánime, el Consejo para la Transparencia fijó su criterio respecto de la información de remuneraciones que deben tener en sus sitios web las empresas públicas, al ordenar al canal oficial de televisión TVN a que publique las remuneraciones de sus gerentes responsables de la administración y dirección.

Esto expande la actual situación, en que sólo se informa de las remuneraciones del director ejecutivo y de los miembros del directorio de la empresa, según informan los periodistas S. Rivas y J. Troncoso.

Fuentes del Consejo precisaron que si bien el fallo no obliga automáticamente al resto de las empresas públicas (como Codelco, BancoEstado o Enap) a que publiquen la misma información, sí fija un precedente.

La decisión se produjo ante un reclamo de Michael Cazenave Alarcón, quien el 21 de abril presentó una consulta ante la Contraloría General de la República por considerar insuficiente la información publicada en la página web del canal.

Esa entidad derivó el reclamo al Consejo para la Transparencia, que en su decisión señaló que la ley establece que se debe publicar “toda remuneración percibida en el año por cada director, presidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo, y gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa”.

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Ejército paga mañana deudas morosas

ejércitoCMTLos acreedores más antiguos del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), la unidad de obras de construcción que depende del Ejército de Chile, empezarán a recibir en sus cuentas corrientes el depósito bancario por sus facturas morosas, a partir de mañana.

“Lo más atrasado es de marzo del año pasado”, le contó el comandante de Ingenieros del Ejército y jefe del CMT, general de brigada Sergio Varela Solar al periodista Eduardo Olivares.

En total, los pagos suman $ 3.000 millones, que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habrá transferido al CMT, por los servicios de esta entidad, y ésta utilizará para el pago a sus proveedores y viáticos de su propio personal.

Sólo en 2008 la morosidad del CMT alcanzó los $2.400 millones.

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El gobierno sigue moroso

El periodista Eduardo Olivares recaba en que el gobierno de Michelle Bachelet está incumpliendo las promesas hechas ante el Congreso Nacional sobre el pago oportuno a los proveedores del Estado, en particular a numerosos pequeños y medianos empresarios que aún esperan el dinero por sus servicios prestados a instituciones públicas en meses pasados.

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, se comprometió a resolver los pagos de su ministerio al Cuerpo Militar de Trabajo (CMT), del Ejército, para que éste pague a pequeños empresarios que contrató. La Contraloría General objetó esos contratos, pero el ministro Bitar aseguró que superará esta dificultad.

En el Ministerio de Salud el asunto no es mejor. Después de que en mayo la morosidad superior a 90 días de los hospitales tendió a subsanarse, ahora ha vuelto a surgir, comenta la vicepresidenta ejecutiva del gremio de los laboratorios nacionales (Asilfa), María Angélica Sánchez. Un conteo rápido habla de $5.000 millones que debe una selección aleatoria de servicios de salud, dice.

Pero el caso más grave lo presenta la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que adeuda a los laboratorios $10.000 millones, en compromisos superiores a 90 días. El compromiso original de plazo de pagos en el sector salud era de 60 días, que después el Gobierno redujo a 45. Es decir, la mitad de lo que hoy ni siquiera es capaz de cumplir.

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Contraloría objeta favorecimiento

contralorLa Contraloría General de la República cuestionó la injerencia directa que, según pudo acreditar, tuvieron los ministerios de Transportes y Hacienda sobre la empresa estatal Enap-Refinerías, para que aprobara condiciones especiales de venta de combustible, “con la exclusiva finalidad de beneficiar” al plan de transporte masivo de la capital, Transantiago.

En mayo del año pasado, informan los periodistas J. Troncoso y F. Derosas de Emol, cuando el plan de transporte pasaba por su mayor estrechez financiera, el Gobierno buscó fuentes de financiamiento transitorias, a la espera de una línea de crédito solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$ 400 millones.

Una de estas operaciones fue emitir pagarés a fecha.

Según Contraloría, a cargo de Ramiro Mendoza, el Ministerio de Transportes instruyó el 28 de mayo de 2008 al Administrador Financiero del Transantiago (AFT) para que suscribiera pagarés a nombre de los operadores del Transantiago, en pago por servicios.

Ese mismo día, el AFT emitió 28 pagarés a plazo fijo, y sin obligación de protesto, por $9.619 millones más intereses.

Los instrumentos fueron endosados por los operadores a las empresas Terpel y Copec. Las distribuidoras, a su vez, los transfirieron a Enap-Refinerías, en pago de facturas adeudadas por la compra de combustible.

Si bien la Contraloría constató que Enap hizo efectivo todos los pagarés, el organismo fiscalizador cuestionó la excepción a su política de crédito y la actuación de Transportes y Hacienda.

La investigación fue solicitada hace cerca de un año por los senadores Jovino Novoa y Andrés Allamand y los diputados Cristián Monckeberg y Gonzalo Uriarte.

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Congreso pide solución a mora estatal

Cuenta el periodista Eduardo Olivares que preocupados por la morosidad del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT, del Ejército Nacional) con sus proveedores, los parlamentarios de la Comisión Mixta de Presupuestos pidieron una urgente solución a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Contraloría General.

El jefe del CMT, general de Brigada Sergio Varela, explicó que las deudas totales de la entidad (al 30 de abril) ascendían a $2.746 millones, de las cuales había $2.082 millones con vencimientos superiores a 90 días.

Algunas pyme han debido despedir personal por la morosidad de las entidades oficiales, y se han endeudado para pagar el IVA (al propio Estado) y responder por las imposiciones previsionales de sus trabajadores.

La cadena de inoperancia estatal comienza porque el sistema del MOP, que solía encargar tareas por horas (sobre las cuales hacía anticipos financieros), fue impugnado y se suspendió, para seguir pagando por obra realizada.

A su turno, el CMT nunca constituyó un capital de trabajo, de modo que sólo podía pagar cuando pagara el MOP, y así se fue generando el atraso en los pagos.

Se tiene que establecerse un convenio de gestión, entre el MOP y el CMT, que debe ser visado por la Contraloría, pero como el MOP aún no envía el documento a la Contraloría, tampoco proceden los pagos al CMT, quedando éste sin fondos y acumulando la mora con los proveedores.

El director de Presupuestos, Alberto Arenas, dijo que el conflicto no es de recursos, sino administrativo.

“Analizaremos, en conjunto con el Ejército, materias que puedan hacer más rápido para resolver esto, porque todos los trámites administrativos ya han demorado bastante”.

Añadió que “puede que no sean de fácil factura, y por tanto debemos encontrar alguna fórmula de solución alternativa, o transitoria, y distinta del propio trámite del convenio con MOP, de tal manera de dar una solución a los proveedores”.

Los diputados Eugenio Tuma, Hosaín Sabag, Jaime Orpis y José García Ruminot expresaron su preocupación y llamaron a las entidades a dar pronta solución a las pyme que son proveedores.

Luego expuso el director de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), Mario Jerez, quien presentó un papel con las deudas de la entidad al 15 de mayo: por menos de 45 días hay $11.200 millones; entre 45 y 90 días $10.291 millones, y más de 90 días $14.235 millones.

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