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Crisis social en el sector pesquero

Los 8,8 grados Richter hicieron que las miradas se clavaran, primero, en las grandes aglomeraciones urbanas de la Octava Región (Biobío). Sin embargo, kilómetros al sur quedaba todo un mundo desconocido por recorrer. En el golfo de Arauco, decenas de pequeños y pintorescos enclaves de pescadores y buzos fueron tragados por el mar sin que la ayuda llegara sino hasta cuatro días después de la tragedia. Así empieza, acertadamente, la información de los periodistas Pablo Obregón y Miguel Concha, quienes constataron que la destrucción entre las caletas Tumbes y hasta Punta Lavapié es más definitiva que todo lo visto hasta entonces. Las 700 familias de Tubul, por ejemplo, perdieron casas, embarcaciones, motores, redes y equipos de buceo, justo durante el período del año en que obtenían la mayor parte de sus ingresos por la captura de la sardina. El maremoto destruyó siete plantas de harina y siete de consumo humano, aparte de la mayoría de los centros de descarga, infraestructura cuya reconstrucción costará unos US$ 300 millones según la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). En Tumbes, la destrucción también es total. Durante los últimos años se habían levantado restaurantes y se emplazaban hosterías, pero el 27 de febrero el mar se tragó todo. Unas 4.400 personas vivían de la pesca de sardinas, y según constató este diario, de los 500 botes que integraban la flotilla sólo se salvaron unos 50. Otro tanto ocurre en Llico, un pequeño enclave de predominancia indígena, donde se perdió la totalidad de las cincuenta embarcaciones que había hasta antes del maremoto. Tal como reconoce el gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada, el 99% de la pesca artesanal y semiindustrial de la región era adquirido por la industria mayor, pero este año las cosas se pondrán muy difíciles. Las pesqueras Bío Bío y Landes, por ejemplo, tienen hasta el 50% de sus instalaciones destruidas y el mercado de distribución minorista de Talcahuano también fue arrasado por las olas. Paralelamente, el saliente intendente de la Octava Región (Biobío), Jaime Tohá, insistió en que la catástrofe (que, afirmó, redujo la industria pesquera local a un 5%) debe transformarse en una oportunidad, como ocurrió con la crisis forestal. La prioridad, a su juicio, debería estar en reponer la ruta interportuaria y la construcción de puentes sobre el río Biobío, para levantar la industria.

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Primer cálculo de US$1.200 en obras

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar (foto), calculó en 1.200 millones de dólares el costo de las reparaciones de caminos, aeropuertos, embalses, canales, agua potable rural y borde costero, afectados por el terremoto. Sostuvo que se han identificado 1.200 puntos que requieren una acción inmediata, de los cuales el 95% estarán operativos de forma provisoria para el 11 de marzo, mientras el 5% restante se trata de arreglos medianos o mayores, principalmente en puentes. “Todas estas obras oscilan entre los US$1.000 millones y US$1.200 millones de dólares. Parte de ese dinero es a tres años plazo, cuatro años plazo”, destacó, afirmando que gran parte de las reparaciones debe realizarse este año. El ministro Bitar dijo que este cálculo no contempla las reparaciones de los edificios públicos, y los mayores puertos comerciales del país, que resultaron dañados por el sismo de 8,8 grados Richter. La autoridad estima que las empresas concesionarias deberán realizar reparaciones por 3,5 millones de UF (equivalente a 150 millones de pesos), mientras que el fisco deberá aportar un orden de $1.000 millones. De los 4.400 puentes que hay a lo largo del país, la autoridad aseguró que 40 requieren de arreglos o ser repuestos. Entre los más afectados mencionó al puente Río Claro (Maule) y Juan Pablo II (Biobío).

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Tesorería atiende a damnificados

Las oficinas de la Tesorería General de la República de Viña del Mar, Curicó, Linares, Los Ángeles y Temuco retomaron sus funciones. “Los funcionarios públicos están preparados para satisfacer, caso a caso, los problemas de los contribuyentes, considerando la situación de catastro que afecta a seis regiones del país”, indicó en un comunicado. La Tesorería señaló que de las 31 oficinas ubicadas en las zonas más afectadas por el terremoto, 20 ya están operando con sistemas en línea, y en los casos de las oficinas de Talca, dijo que está esperando que se restablezca la conexión eléctrica para abrirla al público. Junto a Talca, abrirán las sedes de Parral y Chillán, mientras que los casos de San Fernando serán atendidos en Rancagua.

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