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Nuevos pobres del 27 de febrero

Personas de la clase media que lo perdieron todo por el terremoto y/o tsunami no son reconocidos ahora para recibir una vivienda de emergencia ni ninguna asistencia social. La periodista Bernardita Aguirre Pascal da cuenta de miles los chilenos que no estarían recibiendo ayuda gubernamental porque antes del terremoto no eran pobres y jamás se habían acercado al departamento social de su municipalidad para diligenciar la ficha de protección social que además permite subsidios habitacionales. Hoy no tienen nada, porque la casa se les derrumbó, murió el sostenedor de la familia, perdieron el empleo o las herramientas para trabajar y cayeron debajo de la línea de pobreza. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que es el antecedente básico para focalizar el gasto social del Gobierno, no serviría para identificar a estos nuevos pobres. Consciente de esto, Mideplan está enfrentando la emergencia con la Encuesta Familiar Única de Emergencia (EFU), que mide habitabilidad, empleabilidad y necesidades básicas como salud y alimentación. Con cuaderno y lápiz salieron a las calles los empleados de los municipios en las ciudades afectadas por el terremoto a catastrar daños. Pero a la hora de destinar la ayuda para cada familia el sistema no sirvió y por eso Mideplan en abril exigió a los municipios volver a cuantificar con la Encuesta Familiar Única de Emergencia (EFU), instrumento que existe desde 2002 y es el sistema instaurado por la Onemi para estas emergencias. Mideplan repartió entre las municipalidades afectadas $300 millones para aplicar la encuesta y les puso como fecha de entrega el 23 de abril.

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Transparencia en canal oficial TVN

El Consejo para la Transparencia no modificó su criterio y en un fallo unánime rechazó un recurso de reposición presentado por el canal oficial TVN, que tenía como objetivo no ser obligado a divulgar las remuneraciones de los gerentes responsables de la administración y dirección. El canal oficial TVN deberá publicar en su página web corporativa los antecedentes e incluir toda remuneración percibida por los gerentes responsables de la dirección y administración superior (no se atenderá a la calidad, forma o modalidad laboral o contractual bajo la cual el directivo esté relacionado con la entidad, ni al título o denominación de su cargo o trabajo). Esta obligación es, incluso, para aquellas remuneraciones que provengan de funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo, o por concepto de gastos de representación, viáticos y regalías. “El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia confirma su competencia respecto a las empresas públicas, empresas creadas por ley y sociedades en las cuales el Estado tiene participación mayoritaria, en lo que se refiere a las obligaciones de transparencia activa que señala el artículo décimo de la Ley de Acceso a la Información”, dijo el organismo. El canal estatal tiene 10 días hábiles para publicar la información desde que se le notifique de la sentencia, dictada por Juan Pablo Olmedo (presidente), Alejandro Ferreiro, Roberto Guerrero y Raúl Urrutia.

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