Archivo de la categoría: Litigio

IPC negativo, no baja sueldos: Corte

Luego de una seguidilla de fallos a favor de los empleadores, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia terminó por concederle un punto a la Dirección del Trabajo y resolvió que las empresas no pueden corregir a la baja los salarios de sus trabajadores, cuando el IPC sea negativo. De este modo, el máximo tribunal revierte un pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones, que había dado la razón a la empresa de la discordia: metalúrgica Sorena Norte. Muy buena noticias. El periodista Pablo Obregón Castro recordó que el caso se precipitó en 2009, cuando los trabajadores de esa compañía recurrieron a la Dirección del Trabajo para denunciar a su empleador por haber corregido los salarios a la baja, basándose en las cifras de inflación negativa que se registraron ese año. Naturalmente, el organismo fiscalizador aplicó la multa correspondiente. Lo llamativo es que la compañía no impugnó el fondo del asunto, sino que cuestionó las atribuciones de la DT para interpretar la aplicación de un contrato entre privados. A ojos de la Corte de Apelaciones, la estrategia adoptada por la compañía apuntó en la dirección correcta, puesto que efectivamente la DT no tiene facultades para reinterpretar contratos, sino sólo para hacer cumplir la ley. Lo nuevo es que, esta vez, el máximo tribunal no se limitó a revisar el correcto proceder de la DT, sino que fue al fondo del asunto: determinó que la autoridad fiscalizadora no se había extralimitado en sus atribuciones y, además, tratándose de salarios la expresión reajuste entraña la noción de aumentar su cuantía y nunca bajarla. Si bien este fallo sienta jurisprudencia, y opera como un espaldarazo al criterio aplicado por el organismo fiscalizador, se refiere a un caso específico y no puede hacerse extensivo, de modo automático, a otras compañías.

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Por pruebas insuficientes, a pagar

La periodista Cinthya Carvajal cuenta que el fallo del 4º Tribunal de Juicio Oral, en lo Penal, que no solamente absolvió al ex presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Luis Ajenjo (foto), y a otros dos acusados de fraude al fisco, también condenó al Ministerio Público (Fiscalía), al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a los querellantes privados (la senadora Evelyn Matthei y el diputado Cristián Monckeberg) a pagar las costas que tuvo el juicio. El monto aún no se determina. La decisión fue adoptada por los jueces Cristián Soto, José Flores y María Elisa Tapia. Éstos jueces dijeron en su fallo que las costas son por “haber sido totalmente vencidos y por considerar estos sentenciadores que se ha sostenido una acusación que significó una larga investigación de a lo menos dos años, con los costos personales y familiares que eso conlleva, sin que los hechos materia de acusación encontraren sustento alguno en la prueba aportada por los acusadores”.

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Exportadores, ¿”tarifa” o “tributo”?

Representantes de los exportadores y del fisco se vieron las caras en el Tribunal Constitucional (TC), para que este organismo, presidido por Marcelo Venegas, dictamine la inconstitucionalidad del pago que hacen los exportadores al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por la inspección y certificación fitosanitaria de las frutas. En paralelo a proceso al TC, los exportadores también presentaron una demanda en el Séptimo Juzgado Civil, por unos US$ 108 millones. En su alegato, el abogado representante de los exportadores, Germán Concha, manifestó que “las tarifas que cobra el SAG constituyen un “tributo”, y en ese carácter deben ser fijadas mediante una ley, situación que no ocurre en la actualidad”. En tanto, María Eugenia Manaud, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del SAG, refutó la postura de los agricultores, expresando que el cobro “no es un tributo, porque no tiene ninguna de las características jurídicas exigidas a los “tributos”, sino que es un ‘precio’”.

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Comuneros frenan parque eólico

Una disputa judicial por los terrenos tiene frenado el parque eólico más grande de Latinoamérica, que tendrá 500 MW (US$ 1.000 millones de inversión) y fue aprobado en junio pasado por la Conama.

La empresa eólica Talinay (sociedad compuesta por Phoenix (ligada a la familia Chacra) y la hispana eólica Navarra) lleva años en una disputa legal con la comunidad agrícola Alcones, la que reúne a 199 comuneros que reclaman para sí, en base a derechos coloniales, el uso de parte de los terrenos donde se hará el proyecto.

El 3 de septiembre del 2008, recuerda el periodista Danilo Bustamante, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que favoreció a Alcones para seguir usando los terrenos y revertir el desalojo del cual fueron objeto.

“El 30 de marzo de 2009 la comunidad tomó posesión material de la tierra como lo ordenaba la Corte Suprema”, comentó Juan Carlos Codeceo, presidente de Alcones.

Fuentes de Talinay reconocen el fallo, pero destacan que éste no se refiere a la propiedad de los terrenos, los cuales ya se encuentran debidamente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.

El parque contempla 243 aerogeneradores de 2 y 3 MW cada uno. El territorio en disputa albergaría al menos 140 MW del total del proyecto.

Sin embargo, fuentes de la empresa afirman que “la zona en cuestión sólo acoge 70, de los 232 aerogeneradores que Talinay levantará allí”.

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Farkas sale de Vallenar Iron

farkasLa firma australiana Admiralty Resources NL (Ady) tomó el control total de la compañía minera Vallenar Iron, que compartía con el empresario chileno Leonardo Farkas.

Vallenar Iron es la nueva denominación de la minera Santa Bárbara, de la que la familia Farkas era propietaria.

Ady había acusado y emprendido acciones legales contra Farkas por mal uso de dineros de la compañía, destinados a sonadas donaciones que hizo el empresario.

A su turno, Leonardo Farkas había demandado por malos manejos a los administradores de Vallenar Iron.

Ayer se puso fin a la disputa entre el empresario Leonardo Farkas y la australiana Admiralty Resources NL (Ady), mediante el acuerdo de las sociedades ligadas a Farkas de terminar las relaciones que existían con Ady, incluyendo las acciones judiciales.

A raíz de los conflictos entre las dos partes que compartían la propiedad de Vallenar Iron, el yacimiento se mantenía sin operar.

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Antecedentes de farmacias coludidas

Cuenta el periodista José Troncoso Ostornol que cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó de colusión a las principales cadenas de farmacias en 1995 (al igual que lo hizo la semana pasada) contó con la “ayuda” de uno de los involucrados: la cadena Cruz Verde.

Hoy, el fiscal Enrique Vergara no ha querido dar luces de las pruebas que tiene para acusar a Fasa (Farmacias Ahumada S.A.), SalcoBrand y Cruz Verde de concertar un alza de precios en más de 200 medicamentos. Sólo ha dicho que tiene antecedentes sólidos para probar su denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Hace casi 13 años, el entonces fiscal Rodrigo Asenjo logró que la Comisión Resolutiva (organismo anterior al TDLC), multara a Fasa, Brand y Salco (estas dos últimas hoy fusionadas) con $41 millones de la época, y a Cruz Verde con $20,7 millones.

¿Por qué una multa diferenciada? Varios ejecutivos de Cruz Verde contaron detalles de las maniobras de sus competidores, que buscaban eliminarla del mercado santiaguino.

Su defensa buscaba que fuera absuelta, pues aseguraba que las otras tres cadenas la obligaron, por medio de presiones, a sumarse en esa época a la concertación de precios.

Ver más en Emol.

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Otra disputa de Telmex y Telefónica

telmexLa gigante mexicana de las comunicaciones Telmex, demandó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a su competidora Telefónica Chile, filial del grupo español Telefónica, por supuesta competencia desleal.

Telmex considera que Telefónica acude a lo que llamó “precios predatarios”, en telefonía fija y larga distancia, y pidió al tribunal se imponga una compensación de casi US$ 14 millones.

Según Telmex, los precios de Telefónica tienen como objetivo la eliminación o debilitamiento de la competencia, pues se presta para “esconder un subsidio cruzado”, a lo cual Telefónica responde que Telmex quiere “mantener el statu quo del negocio por la vía de la judicialización”.

Es decir, Telefónica considera admisible buscar la clientela de Telmex y de cualquier otro competidor, mediante estrategias de mercado, como los precios.

José Troncoso Ostornol recuerda que “en marzo de este año, la mexicana ya había demandado ante el mismo tribunal a la europea. ¿El motivo en esa ocasión? acusó de obstaculizar la concesión de telefonía local inalámbrica, conocida como Will. Este proceso sigue su curso y las primeras audiencias están fijadas para el próximo 15 de enero”.

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