Mayores posibilidades a aseguradores

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) trabaja en un proyecto de Ley que modifica el mercado de seguros y fortalece la base de capital del sector, a tiempo que flexibiliza su régimen de inversión. Junto a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), las compañías de seguro son los principales inversionistas institucionales. Sin embargo, tienen límites (considerados “conservadores”) para invertir sus recursos: hasta el 8% puede ser destinado a renta variable, que incluye fondos mutuos y acciones, y no más del 5% puede ser invertido en bienes raíces habitacionales. El proyecto de ley de la SVS incluye esta liberación, según admitió el intendente de seguros de la SVS, Osvaldo Macías, al periodista Héctor Cárcamo. Osvaldo Macías indicó que al dejar la entidad, el superintendente Guillermo Larraín, entregará las propuestas a su sucesor, para que decida si lo envía al Congreso o no. La iniciativa, reconoció, podría permitir que las compañías de seguros pueden llegar a invertir hasta 25% (un aumento de 17%) en instrumentos de renta variable, o aumentar su presencia en proyectos inmobiliarios, mediante un fondo de inversión (o directamente), como socios en un proyecto de viviendas. También, agregó que se podría levantar la restricción de que las aseguradoras hoy no pueden invertir en instrumentos sujetos a condiciones suspensivas, como las concesiones. La otra parte del proyecto de ley busca mejorar la base de capital del sistema. Para operar una compañía de seguro, se propone tener un capital de 90.000 UF, y desde ese piso se le va exigiendo un nivel de capital en función de su endeudamiento. La idea es fortalecer la forma en que se pide capital a las compañías, de manera que reflejen los riesgos en que incurren. “Se tata de premiar, en términos de capital, a las compañías que tienen inversiones más seguras, y fortalecer la base de capital de compañías que están en negocios de más riesgos”, explicó Osvaldo Macías. En solamente los enunciados, Chileconomia encuentra saludables las modificaciones propuestas.

Proponen ajuste laboral al Estado

Dar mayor autonomía e independencia al Consejo de Alta Dirección Pública y establecer bandas de remuneraciones de los altos directivos públicos, comparativas con el sector privado por cargos y áreas (con un diferencial no mayor al 20% a 25% en cada cargo), son algunas de las propuestas del Consorcio para la Reforma del Estado. Son 19 estudios con propuestas contenidos en el libro “Un mejor Estado para Chile”, elaborados por 11 centros de estudios y universidades nacionales. En uno de los apartes se habla de que en el sector de salud, el foco en lo materno-infantil no tiene sentido, en un país que ha visto disminuir su tasa de natalidad y ha reducido drásticamente la mortalidad infantil. De acuerdo con el análisis, los problemas hoy que serán más relevantes en los próximos 20 años tienen que ver con las enfermedades del adulto y el envejecimiento de la población. En el reporte de la periodista Lina Castañeda también en salud se reseña que hay que delimitar con nitidez la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo que labora en un centro de salud, y asignar funciones, no en cuanto a si se es médico o no, sino a las capacidades de los demás profesionales de la salud, destinando las recompensas de acuerdo con esa responsabilidad.

Se espera invitación de Ocde a Chile

La presidenta Michelle Bachelet confirmó que el 15 de diciembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) hará la invitación oficial a Chile para ingresar al organismo. Este anuncio contrasta con las acusaciones de dirigentes pesqueros que aseguran que el Gobierno privilegió el ingreso a la Ocde en vez de hacer cumplir la normativa para buques-factorías extranjeros que afectan la industria local. “En la última reunión de la Organización Regional de Pesca celebrada en Auckland, que buscaba fijar límites y cuotas en esta pesquería, Chile no negoció, sencillamente se entregó”, afirma Jorge Quiroz, socio de JQ Consultores, quien asegura que el caso de la pesca del jurel es sólo uno de los costos “por debajo de la mesa” del ingreso. Si bien se espera que la invitación a Chile se haga el 15 de diciembre (cuando se reúne el Consejo de la Ocde, con sede en París), la integración plena de Chile puede demorar meses. Según la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, en todo este proceso pueden pasar hasta seis meses, por lo que el tema de la representación ante la Ocde será una materia que fijará el próximo gobierno.

Nueva ley de gobiernos corporativos

Tras dos años de tramitación en el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron hoy y despacharon a ley, el proyecto sobre normas de los gobiernos corporativos de las empresas privadas.

El cuerpo legal, contenido en 41 páginas, modifica la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Ley sobre Mercado de Valores.

Establece la prohibición de vender valores cuando se está en posesión de información privilegiada.

Dispone la existencia de directores independientes, estableciendo la obligatoriedad de su participación en la integración del comité de directores, y regula las operaciones con partes relacionadas y conflictos de intereses.

La iniciativa obliga a los accionistas que controlen el 10%, o más, de las acciones de una sociedad abierta (así como a sus ejecutivos principales) a informar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y a cada una de las bolsas, de toda adquisición o enajenación de valores de esa sociedad, a más tardar al día siguiente en que se ha materializado la operación.

Entrega al directorio de la empresa la responsabilidad de evitar que la información de la sociedad sea divulgada a uno o más potenciales inversionistas, antes de ser puesta a disposición de todos los accionistas y del público.

El proyecto potencia el funcionamiento de las juntas de accionistas. Establece medidas que buscan que los accionistas dispongan de más y mejor información con la cual poder ejercer su voto.

Regula las auditorías externas, garantizando una mayor seguridad e idoneidad técnica, y establece normas que aseguran la rigurosidad de los informes de auditoría y la obligación de los auditores de asistir a la juntas para responder las preguntas de los accionistas. El texto legal también introduce normas sobre las OPAs.

Chile ad portas de la OCDE

La subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, dijo que el Gobierno confía en que los proyectos que están en trámite en el Congreso y que son requisito para que Chile pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se aprobarán en las próximas semanas.

Se trata de la reforma a:

–El gobierno corporativo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)

–Intercambio de información tributaria, que levanta el secreto bancario

–Cambio a la administración de las sociedades anónimas privadas y

–Responsabilidad penal a las personas jurídicas en casos de cohecho, financiamiento del terrorismo y narcotráfico.

Esto, en el marco del seminario en Icare, denominado “Chile hacia la OCDE”, en el que participaron, además de la subsecretaria Recart, la senadora de la Unión Demócrata Independiente (Udi), Evelyn Matthei, y el economista ex jefe del organismo, Klaus Schmidt-Hebbel.

Trabajadores, prioridad en quiebras

Legisladores de distintos partidos quieren darle prioridad al pago de las obligaciones con los trabajadores en los procesos de quiebra de las empresas, mediante proyectos de ley, según informan los periodistas L. Castañeda y B. Serrano de Emol.

Uno de los se enfoca a priorizar los derechos de los trabajadores y el otro a la preferencia de pago de créditos para favorecer a los trabajadores.

Ambas iniciativas pasan las remuneraciones de los trabajadores, del quinto al cuarto lugar, en el orden de pago de los créditos adeudados.

En tanto, los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa de acreedores los bienes de la empresa fallida, así como aquellos producto de la administración de la quiebra (incluidos los honorarios del síndico y los préstamos por él contratados), se desplazan desde el cuarto al quinto lugar en la preferencia de pagos.

El titular de la Superintendente de Quiebras, Rodrigo Albornoz, cree que la reforma propuesta no es necesaria. En primer lugar, argumenta, “la quiebra necesita ser financiada en sus gastos”.

La ley es clara a la hora de establecer las prioridades en el pago cuando una empresa quiebra. Primero se les paga a quienes tienen créditos privilegiados.

En esta categoría hay nueve puntos, y se les debe pagar en orden.

Para pasar del primero al segundo lugar se debe haber cancelado completamente la deuda. Aquí se cuentan, en los primeros lugares, los gastos de la última enfermedad del deudor y sus funerales.

En cuarto lugar están los gastos de administración de la quiebra y del síndico, mientras que en el quinto lugar se pagan las remuneraciones adeudadas a los trabajadores, las cotizaciones de las AFP y el desahucio.

Luego vienen las demás cotizaciones. En octavo lugar se pagan todas las indemnizaciones de origen laboral, que son de un máximo de tres ingresos mínimos por cada año trabajado, pero con un tope de 10 años.

Al final se pagan el IVA y otros impuestos de retención.

Una vez que se paga a los acreedores e involucrados de la primera categoría, con la venta de los bienes de la quiebra se paga a la segunda.

En la tercera categoría están todos los pagos que tienen relación con las hipotecas.

En la cuarta se pagan otros créditos especiales, mientras que en la quinta (y última) se le paga al resto de los acreedores. A ellos se les llama valistas, no tienen preferencia y se les paga en proporción a sus créditos.

*Complemento fiscal para la crisis

La presidenta Michelle Bachelet (foto) lanzó un paquete de medidas complementarias al Plan Fiscal revelado en enero para hacerle frente a la crisis financiera mundial.

Lo explicó en tres partes.

1)Una primera parte hace referencia a los emprendedores, para los cuales se duplicarán los recursos del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y triplicarán los del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), además de abrir la posibilidad de renegociar las deudas que tengan con el Servicio de Impuestos Internos (SII), con nuevos plazos hasta tres años.

2)Una segunda parte, que la presidenta llamó de “acceso bancario”, tiene que ver con el financiamiento de nuevos proyectos o de los que estén en marchan.

Abrió la posibilidad de que los créditos de vivienda “con subsidio” estatal, puedan gozar de hasta 90% de financiamiento. Actualmente solo se permite el 80%.

A la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) se le autorizará incluir entre sus beneficiarios a las cooperativas, como una prolongación natural de los beneficios para los emprendedores, pero además, de manera inédita, acceso a las grandes empresas.

Este crédito, del que pueden gozar las grandes empresas en la Corfo, debe tener relación con la generación o mantenimiento de empleos.

Todos estos recursos seguirán teniendo el respaldo del Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (Fogape).

3)Por último, la tercera parte del paquete complementario de medidas económicas para atenuar el golpe de la crisis financiera internacional, se enfoca,  según la mandataria Michelle Bachelet, al fortalecimiento del mercado de capitales.

Se le otorgará a las compañías de seguros, la posibilidad de ser actores crediticios, y aún más, de ser parte de créditos sindicados en caso de que las circunstancias del mercado lo exijan y lo permitan.

La participación de las empresa de seguros significará, según la presidenta, una mayor capacidad crediticia en cuantía de US$ 270 millones.

Las Cajas de Compensación podrán manejar mutuos hipotecarios endosables.

Y en cuanto a la emisión de bonos, como fuentes de financiamiento empresarial, la presidenta Bachelet habló de “ajustes tributarios”, como subsidiar la intermediación de esos bonos.

Reiteró la presidenta de Chile la necesidad de “trabajar juntos” (trabajadores, empresarios, bancos y Gobierno) para superar los momentos difíciles que le plantea al país la crisis financiera originada en las hipotecas de los Estados Unidos.

Secreto bancario Vs ingreso a la OCDE

El gobierno buscará flexibilizar el secreto bancario que protege a las cuentas corrientes, de ahorros y los depósitos de personas y empresas, secreto que sólo puede levantarse por orden judicial.

El Ejecutivo quiere ampliar a la autoridad administrativa el acceso a información bancaria, con fines tributarios, en respuesta a la principal exigencia que mantiene la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para visar el ingreso de Chile, según confirmó a Pamela Jimeno la representante oficial ante la entidad, Karen Poniachik.

Se trata de permitir que el Servicio de Impuestos Internos (SII) acceda a información sobre depósitos a plazo, cuentas corrientes y de ahorro, pudiendo pedir el levantamiento del secreto bancario sin investigación y orden judicial en curso.

Esto, porque el Código Tributario faculta al director del SII a examinar cuentas corrientes, pero sólo cuando investiga infracciones a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal. Para otros fines está prohibido.

Pero ahora, lo que se busca, es que el SII pueda abrir esas cuentas e intercambiar información con la OCDE.

“El Ministerio de Hacienda y el SII estamos evaluando las distintas opciones para flexibilizar el acceso a la información bancaria en materia tributaria, y estamos conversando con el sector privado. Este tema se ha planteado en todo el proceso de negociación con la OCDE y las más altas autoridades, desde Angel Gurría (secretario general) hacia abajo, y nos hicieron ver desde el primer día que es crucial para concretar nuestro ingreso a la organización”, afirma Karen Poniachik.

Y añade que no sería ese su único beneficio. “Si no hemos avanzado en los acuerdos de doble tributación con Australia y Estados Unidos es sólo por este tema”, dice.

Poniachik admite que no es un tema fácil, “pero para el gobierno, los beneficios y las ventajas de pertenecer a la OCDE son considerablemente mayores a lo que nos significa mantener el statu quo de esa reserva bancaria”.

El ingreso de Chile a la OCDE es una de las metas más ambiciosas en materia de relaciones exteriores de la Presidenta Bachelet y también por razones económicas: pertenecer al selecto club OCDE facilita el intercambio comercial y mejora la posición del país para acceso a financiamiento externo.

El rechazo del empresariado radica en que levantar el secreto bancario por decreto vulnera la garantía constitucional básica de respeto a la privacidad, y abre el incentivo perverso de llevar las cuentas al mercado informal o al exterior; y una vez que la autoridad administrativa tiene libertad de consulta, la información puede llegar al poder político.

“Autoridad administrativa es el SII, pero también las superintendencias y las subsecretarías”, alega un fiscal de la banca.

Cómo el gobierno va a modificar la norma, no lo detalla Poniachik. Pero abogados de los bancos más importantes coinciden en que, al tratarse de un cambio legal, la única opción es ir con un proyecto de Ley al Congreso.

Un cambio administrativo podría correr la misma suerte que la polémica Resolución 120 de diciembre de 2004, que dictó el SII para obligar a los bancos a informar las operaciones de sus clientes sobre US$ 10.000 desde y hacia el exterior.

Los bancos se defendieron, la disposición fue desestimada dos veces en Tribunales y hoy espera fallo en la Corte Suprema.

Ajustes al gasto y fin de programas

En momentos en que el gobierno prepara un Presupuesto fiscal 2009 más austero para contribuir a frenar la inflación y dar una señal de eficiencia en el gasto público, el director de Presupuesto, Alberto Arenas, dijo que habrá cierre de algunos programas públicos.

En agosto se precisarán los términos.

“Doy un ejemplo. Nosotros vamos a presentar 14 programas que evaluamos durante el primer semestre del 2008, eso lo vamos a presentar en unas semanas más. Ahí habrá una categoría. Hay algunos que tendrán ajusten menores, hay algunos que tienen ajustes de diseño, hay otros que tienen ajustes sustantivos, hay unos que tienen reubicación de  Ministerio y otros se cerrarán”, afirmó Arenas, tras exponer ante la Comisión Mixta de Presupuestos la Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público 2007 y Proyecciones 2008.

Del DPI al Inapi

Aprovechando la investigación de la Contraloría General de la República en el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía, se supo que el ministro Hugo Lavados encargó a Cristóbal Acevedo Ferrer la transformación del DPI en al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), lo cual parece ser de entera lógica, a objeto de ponerse a tono con los compromisos internacionales de Chile y el nuevo escenario mundial, en asunto tan sensible como la propiedad industrial.

El Inapi estaría ya funcionando en enero próximo.

Remuneración sin sexo

El Congreso Nacional tramita un proyecto de Ley que puede modificar definitivamente las condiciones de igualdad en la remuneración de hombres y mujeres que desempeñen una misma función.

Según el proyecto, las empresas con más de 50 trabajadores se obligan a definir el cargo y el perfil de la persona que pueda ocuparlo, independientemente de su sexo. Se espera que por esta vía de “normalización” se evite la actual discriminación en los sueldos.

La directora del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, Laura Albornoz, precisó que actualmente la mujer recibe un 30% menos de remuneraciones por igual trabajo realizado por un hombre. En algunos casos, la diferencia podía ser de hasta un 56%.