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Acuerdo para reducir morosidad

Con el argumento de que hubo cambios normativos, ordenados por la Contraloría General de la República, el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) no ha podido pagar a sus proveedores y adeuda más de $2 mil millones.

Este fue el punto que evaluó el ministro de Obras Públicas (MOP), Sergio Bitar, con varios generales del Ejército, tras lo cual dijo que “hemos hecho todos los esfuerzos, dentro de los marcos exigidos por la Contraloría y las aprobaciones del ministerio de Hacienda, para avanzar en los pagos de obras terminadas por el CMT”.

Añadió: “Hemos obtenido de Hacienda la aprobación para el pago de un anticipo para obras de Ventisquero Montt – Río Bueno, y se estudian convenios nuevos que ahora exige la Contraloría entre el CMT y el MOP en Arica–Visviri y El Bolsón–Puelo; una vez que estén todos los papeles en orden, podremos hacer un anticipo”.

Pero el hecho central es que la relación contractual entre el MOP y el CMT no está regulada.

Por esta razón, el CMT no puede pedir créditos a los bancos, y tampoco no cuenta con capital de trabajo propio. Por otra parte, el MOP no le puede anticipar dineros que no sean contra obras realizadas.

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Congreso pide solución a mora estatal

Cuenta el periodista Eduardo Olivares que preocupados por la morosidad del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT, del Ejército Nacional) con sus proveedores, los parlamentarios de la Comisión Mixta de Presupuestos pidieron una urgente solución a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Contraloría General.

El jefe del CMT, general de Brigada Sergio Varela, explicó que las deudas totales de la entidad (al 30 de abril) ascendían a $2.746 millones, de las cuales había $2.082 millones con vencimientos superiores a 90 días.

Algunas pyme han debido despedir personal por la morosidad de las entidades oficiales, y se han endeudado para pagar el IVA (al propio Estado) y responder por las imposiciones previsionales de sus trabajadores.

La cadena de inoperancia estatal comienza porque el sistema del MOP, que solía encargar tareas por horas (sobre las cuales hacía anticipos financieros), fue impugnado y se suspendió, para seguir pagando por obra realizada.

A su turno, el CMT nunca constituyó un capital de trabajo, de modo que sólo podía pagar cuando pagara el MOP, y así se fue generando el atraso en los pagos.

Se tiene que establecerse un convenio de gestión, entre el MOP y el CMT, que debe ser visado por la Contraloría, pero como el MOP aún no envía el documento a la Contraloría, tampoco proceden los pagos al CMT, quedando éste sin fondos y acumulando la mora con los proveedores.

El director de Presupuestos, Alberto Arenas, dijo que el conflicto no es de recursos, sino administrativo.

“Analizaremos, en conjunto con el Ejército, materias que puedan hacer más rápido para resolver esto, porque todos los trámites administrativos ya han demorado bastante”.

Añadió que “puede que no sean de fácil factura, y por tanto debemos encontrar alguna fórmula de solución alternativa, o transitoria, y distinta del propio trámite del convenio con MOP, de tal manera de dar una solución a los proveedores”.

Los diputados Eugenio Tuma, Hosaín Sabag, Jaime Orpis y José García Ruminot expresaron su preocupación y llamaron a las entidades a dar pronta solución a las pyme que son proveedores.

Luego expuso el director de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), Mario Jerez, quien presentó un papel con las deudas de la entidad al 15 de mayo: por menos de 45 días hay $11.200 millones; entre 45 y 90 días $10.291 millones, y más de 90 días $14.235 millones.

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Dicom apoya ‘deuda consolidada’

dicom“Los países con buenos sistemas de información tienen mayor capacidad de controlar riesgos y enfrentar crisis”, dijo el gerente general de Dicom, Mario Godoy, al expresar su apoyo al proyecto de ley sobre la “deuda consolidada”.

“En la sociedad actual, la transparencia y el acceso a la información son fundamentales”, añadió. “Se está trabajando en el sentido correcto”, dijo.

Dicom, controlada por Equifax International, concentra el 70% del mercado de firmas que distribuyen información comercial.

Pero el proyecto de ley considera la creación del Registro Central de Obligaciones Económicas (Recoe), que administrará la información y será licitado.

“La participación de los posibles proponentes en el proceso de licitación del Recoe debe ser abierta a cualquiera, sin exclusiones, de tal forma que un distribuidor, directamente o con otros, pueda participar”, comentó Godoy, al prever que Dicom Equifax participará.

–¿Cree que esta iniciativa premiará finalmente a los buenos pagadores?

“Definitivamente, e igualmente otorgará beneficios a los que por circunstancias particulares, ocasionalmente, no han podido cumplir con sus obligaciones en forma íntegra y oportuna”.

–Según el comercio, el proyecto de ley vulnera la privacidad de la información que tienen los ciudadanos. ¿Es así?

“Por el contrario, fortalece los derechos de los titulares de datos, reconociendo el control sobre el dato mediante la regla general del consentimiento, y concretizando el derecho de acceso, rectificación, cancelación o bloqueo respecto del aportante, distribuidor, registro, etcétera, y las responsabilidades correspondientes”.

–Los retailers (detallistas) afirman que esta información es un activo, parte de su negocio. ¿No cree que se afecta el derecho de propiedad?

“Los datos personales están definidos en la ley como aquellos “relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, sin ninguna distinción, por lo que aquello debe entenderse en su sentido natural y obvio, es decir, el dato personal es de las personas naturales a quien concierne, y no de otro”.

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SQM busca bajar la deuda

sqmCon el objetivo de revertir la baja en la calificación de riesgo que realizó Standard & Poor’s por los altos niveles de endeudamiento de la productora de fertilizantes SQM, el controlador de ésta, el empresario Julio Ponce, decidió rematar un paquete de acciones de una de las “empresas en cascada” que detentan la propiedad, y recaudar US$ 122 millones para el pago de deudas.

De esta manera, el 8,5% de Pampa Calichera (perteneciente a la sociedad de inversiones Oro Blanco) fue puesto en venta.

Dijo SQM que “con lo anterior se espera, adicionalmente, reducir de forma significativa el riesgo asociado a los pasivos del grupo empresarial, para efectos de la clasificación de riesgo de la deuda emitida por Pampa Calichera en los mercados internacionales”.

La operación (liderada por LarrainVial) implica la venta de 126 millones de acciones de la serie A, de Calichera. Como condición para el remate, Oro Blanco estableció un precio mínimo de $545 por papel.

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Sernac: Sí… Odecu: Tal vez…

sernacAl director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa, se le pregunta sobre el proyecto de ley de “deuda consolidada”:

–¿Apoyan el proyecto de ley?

Apoyamos el proyecto de ley de información comercial que Hacienda ingresó al Congreso, el lunes pasado, porque asegura el ejercicio efectivo del derecho de dominio que tienen los consumidores sobre sus datos, estableciendo la necesidad de un consentimiento previo, expreso, para que un tercero utilice su información”.

“Y vamos a tener dos entidades para que tengan control sobre los datos: el Consejo de la Transparencia, y la Superintendencia de Bancos. Existirá un proceso administrativo para evitar el uso incorrecto de la información. Esto asegura que los consumidores sean dueños de sus datos, y su uso debe ser con previo consentimiento del titular”.

–¿Pero no se requiere el consentimiento para la información de mora…?

“Hay que comparar la situación actual con la pasada. Con incluir la información positiva, se requiere el consentimiento del consumidor para publicarla. Hay una reafirmación de la libertad del consumidor, de acceder o negar el uso de información. La entrega de información que permita evaluar adecuadamente a las personas frena el sobreendeudamiento, que es una situación en la que todos pierden”.

Al presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, se le pregunta sobre el proyecto de ley de “deuda consolidada”:

–¿El proyecto beneficia a los consumidores?

“Con el proyecto tendremos una vitrina con las deudas pagadas y las morosas, donde sale si eres un buen o mal pagador. El buen pagador se suponía que se premiaría. Pero con esta vitrina, al pedir un crédito pueden decir: usted tiene riesgo de caer en mora porque gana 100 y tiene acreencia por 70. Aunque haya pagado, está en riesgo”.

–¿Pero se requiere del consentimiento del titular para entregar esta información…?

“Sí, pero nosotros que trabajamos mucho con el tema del endeudamiento, sabemos lo que significa esa voluntariedad. Cuando necesito plata y estoy contra la espada y la pared, hago cualquier cosa con tal de que me presten plata. Por lo tanto, la voluntariedad es relativa. Preocupa, además, cómo los datos van a ser utilizados si no se tiene un control férreo”.

–¿La Superintendencia de Bancos va a fiscalizar que los datos no se filtren…?

“Creemos que el Registro debe ser administrado por el Estado, por encima del gobierno de turno”.

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Pugna por ‘deuda consolidada’

Las multitiendas insisten en la inequidad de tener que compartir la información financiera de sus clientes con los bancos, para crear una sola base de datos sobre la deuda consolidada de las personas, que no solo informe el estado de morosidad.

El gobierno llevó al Congreso un proyecto de ley para que la información tenga reglas claras para su manejo, además de que “los datos comerciales de las personas ya no podrán circular por el sistema sin el consentimiento expreso del titular”.

El “nuevo banco de datos” no incluirá la información comercial anterior a la entrada en vigencia de la nueva legislación, y amplía la definición de “información comercial”.

Información comercial se entenderá como la que no solo es deuda morosa, sino todas las deudas en un momento determinado, adquiridas con distintos acreedores por una persona.

Los comerciantes de las multitiendas dijeron que “se busca equiparar a los bancos con el comercio, no corresponde ello, porque los bancos ejercen una actividad regulada y monopólica”, de acuerdo con declaración del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Eugenio Jorquiera.

Hoy, las casas comerciales no comparten la información de sus clientes con el resto del sistema. Jorqueira dijo que las multitiendas no tienen por qué entregar sus bases de datos, construidas a lo largo de los años.

Al contrario, los bancos creen que “el proyecto permitirá mejorar la competitividad, el sobreendeudamiento y la mala asignación del costo del crédito, lo que a su vez beneficiará las condiciones crediticias para los segmentos de menores ingresos”, según el gerente de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón.

“Queremos que se conozcan cuáles son las deudas de las personas, y si hay menos riesgos también habrá menos costo de crédito, en beneficio de los usuarios”, insistió.

El periodista José Troncoso Ostornol resolvió cuatro dudas frente a la nueva iniciativa:

1)¿Cambia el registro de morosos?

No realmente. Las deudas morosas seguirán en el sistema, en forma desglosada, tal como hoy. Hay dos innovaciones: los datos los administrará un ente privado (que gane una licitación, mientras hoy es el Boletín Comercial), y la publicación de una mora dependerá de cuánto caiga un deudor en ella en un año.

2)¿Cuál es el nuevo registro que se crea?

Ahora se recopilará toda la información de la deuda positiva (pagos al día) de una persona en la banca, el comercio y otros acreedores. Si una de estas entidades desea conocerla, debe pagar, y la sabrá en forma agregada (sin desglose) y sólo si el consumidor autoriza la entrega de esos datos.

3)¿Me conviene revelar mis datos?

Si es un buen pagador, sí, le podría convenir, si al tomar un crédito desea obtener una mejor tasa.

4)¿Cuándo parte el nuevo registro?

Un año después de publicada la ley.

(Y esa ley es, por ahora, un proyecto que llevó el Ministerio de Hacienda al Congreso.)

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