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Personas y pyme sin impuestos

Los periodistas Cristián Rodríguez y Carolina Ubilla hicieron una interesante entrevista al ministro de Hacienda Felipe Larraín (foto) sobre las tareas que de manera frenética ha tenido que enfrentar desde el día en que asumió en medio de los estragos de un cataclismo histórico en Chile y el mundo, y en la cual descarta que vaya a haber impuestos por reconstrucción nacional para personas y pequeñas y medianas empresas, pyme.

El Gobierno habla de un ahorro de US$ 700 millones en el Presupuesto. ¿Cómo se compone?

“En realidad, es del orden de US$ 720 millones. Hay un recorte de 5% a todas las carteras, incluida la Presidencia, en compras de bienes y servicios. Además, hay un recorte de programas que no se han iniciado. No se va a parar ningún programa, pero sí retrasar cosas que aún no parten”.

¿A cuánto llega el daño en la economía?

“Cuando se junta el daño del terremoto, la pérdida de producto ocasionada por la suspensión de actividades y los gastos inherentes a la emergencia, como la remoción de escombros y algunas soluciones que no son permanentes, eso suma cerca de US$ 30 mil millones. De eso, lo que es mucho menor es lo que es de responsabilidad pública”.

¿Cuánto debe ser resuelto con gasto del sector público y cuánto con privado?

“Más de la mitad es privado. Significativamente más de la mitad”.

¿Está contemplado un cambio en el royalty minero?

“Estamos estudiando distintas opciones, no está completamente definido. Deberíamos despejarlo la próxima semana. Las empresas sujetas a royalty tienen un compromiso de invariabilidad tributaria. Eso es algo que sabemos y no pretendemos cambiar”.

¿Podría haber privatizaciones?

“No voy a cerrarme a la idea de la privatización. Voy a ponerlo en términos más genéricos: podemos recurrir a la venta de algunos activos prescindibles del sector público”.

¿De qué tipo?

“Codelco no vamos a privatizarlo”.

Un alza de impuestos, ¿sería a personas o a empresas?

“El Presidente ha dicho que vamos a proteger a las personas y a las pyme. Eso es un compromiso que tomamos en la campaña y que está plenamente vigente”.

El IVA, ¿se toca?

“No me quiero adelantar, pero en principio el tema es que vamos a proteger a las personas. Entonces, pueden sacar las conclusiones”.

¿Van a recurrir a los fondos del cobre (FEES)?

“Hoy existen poco menos de US$ 12 mil millones en el fondo de estabilización social. Nosotros tenemos la posibilidad de usar el FEES, de recurrir a endeudamiento externo o a endeudamiento doméstico; hay que ver los efectos macroeconómicos de la alternativa”.

¿Entonces, la opción de endeudamiento interno gana terreno, porque no implica la internación de dólares?

“Gana terreno, porque, además, tenemos un mercado importante. Pero también se debe considerar si tiene otro efecto sobre la tasa de interés. Si nos volcamos masivamente sobre el mercado doméstico, podemos tener un efecto de aumentar las tasas de interés”.

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Inyección fiscal a Gmac

gmacA quienes tienen créditos automotrices de vehículos Chevrolet a través de su compañía financiera Gmac, le puede interesar saber que esta entidad bancaria estaría negociando una nueva inyección de fondos públicos para cumplir con los requisitos de capital impuestos por el Departamento del Tesoro, según se filtró hoy a la prensa en Washington. El gobierno podría proporcionarle entre US$ 2.800 y US$ 5.600 millones adicionales, antes del 9 de noviembre, la fecha límite que el Departamento del Tesoro le dio en mayo para reforzar sus reservas. El objetivo era que Gmac recaudara el dinero de fuentes privadas, pero hasta ahora ha sido incapaz de tapar el agujero en sus cuentas, abierto por una amplia cartera de hipotecas de riesgo que tenía, y por el desplome de la demanda de sus préstamos para la compra de automóviles. Al mismo tiempo, la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos Bancarios (FDIC) finalmente le ha dado el visto bueno para que venda pagarés por valor de US$ 2.900 millones con garantías públicas. Los bonos de Gmac tienen la calificación de “basura”, por el alto riesgo de quiebra de la compañía, pero el respaldo público significa que los nuevos pagarés contarán con evaluación de triple A, la más alta, puesto que si la empresa no paga, lo hará el Gobierno.

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Manejo de activos tóxicos

barclaysUn grupo de 45 ejecutivos del grupo Barclays han fundado una sociedad en las Islas Caimán con la que esperan eludir potenciales recortes en concepto de primas y salarios que estudia aplicar el Grupo de los 20 (G20), informó el diario “The Times”.

Estos financieros han creado Protium, una empresa vinculada a la entidad británica, con el objetivo de gestionar los activos tóxicos del banco, valorados en US$ 12.600 millones de dólares.

El periódico señala que estos directivos percibirán al menos US$ 400 millones de en un plazo de diez años.

El grupo, liderado por los británicos Stephen King y Michael Keeley, estará en nómina de la empresa asesora C12 Capital Management, que cobrará de Protium tasas de gestión durante una década.

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6mil familias con más de US$1millón

BCGPoco más de 6.000 familias chilenas tienen un patrimonio financiero que supera el millón de dólares, según el último estudio de la consultora internacional Boston Consulting Group (BCG) que reportó el periodista Miguel Bermeo.

La crisis redujo el número en 16,6% en relación a 2007, cuando eran 7.258 los que tenían activos financieros superiores a esa cifra.

Jorge Becerra, senior partner y managing director de BCG, señaló que la merma en Chile se debió a dos factores: mayor propensión de los chilenos a invertir en activos más riesgosos, en relación a sus pares regionales, y la depreciación del peso.

Según BCG, las familias con activos bajo administración superiores a US$ 100 mil (unos $ 55 millones) acumulan una riqueza total de US$ 63 mil millones.

Si se contabiliza el rango de US$ 250 mil a US$ 1 millón, las familias chilenas sumaron 23.600 en 2008, menos que las 31.760 de 2007. El segmento superior es el de US$ 1 millón a US$ 5 millones, que cuenta con 5.013 familias, mil menos que el año previo a la explosión de la crisis.

El tramo siguiente incluye 828 patrimonios de hasta US$ 100 millones y son aquellos que desarrollan alguna actividad empresarial importante, con compañías medianas en sectores económicos de alto crecimiento.

El grupo más selecto suma activos superiores a US$ 100 millones en inversiones líquidas, grupos con larga historia empresarial y cuyo patrimonio se divide en familias extendidas. Son 21 grupos, según BCG, el mismo número de un año antes.

Según BCG, la riqueza líquida acumulada de este grupo asciende a US$ 17 mil millones, un 15,5% menos que en 2007. La baja, sin embargo, es bastante menor al 26,5% que descendió el mismo segmento en América Latina.

Chile tiene una mayor cantidad de fortunas, en relación a su población, que otros países de la región. BCG lo atribuye al desarrollo del país y al tamaño relativo de su economía.

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Se aleja inestabilidad financiera

La periodista Gabriela Villalobos Seelmann dijo que en el último mes la gran amenaza de la inestabilidad financiera ha disminuido, según consultó al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, tras la exposición éste en el seminario “Chile: Respuestas Hemisféricas a las Crisis Económica Mundial”.

“El riesgo del colapso financiero en el centro donde se originó la crisis ha retrocedido”, aseguró Velasco.

Pese a su optimismo sobre los signos de revitalización en los mercados, recordó que las proyecciones de crecimiento para 2009 siguen deteriorándose.

En cuanto al mercado laboral, Velasco dijo que el empleo también se ha visto afectado por la crisis, “pero hemos tomado medidas que entraron en vigencia el primero de julio”.

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Denuncia a Dicom y Boletín Comercial

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se dispone a denunciar ante la justicia al Boletín Comercial, a Dicom y a un grupo de empresas, por publicar deudas de personas con compañías de servicios básicos, transgrediendo con ello la Ley de Protección de Datos Personales.

La normativa señala que “no podrá comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas, que proporcionen servicios de electricidad, agua, teléfono y gas”.

Entre la Subsecretario de Telecomunicaciones (Subtel) y el Sernac se recibieron cerca de 180 quejas, no obstante, el universo de afectados superó los 60 mil, considerando a quienes no habían reclamado, situación que obligó a la empresa a presentar propuestas de solución, informó el Sernac.

Transcurridos más de dos años de vigilancia, el Sernac nuevamente detectó al menos 13 nuevos casos, que pueden representar un universo indeterminado de consumidores afectados, según dijo.

El director del servicio, José Roa, fue categórico en señalar que la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe que se comunique en Boletines Comerciales o a Dicom las deudas contraídas con empresas que proporcionen agua, luz, teléfono o gas, por lo que “es inaceptable que las empresas no estén respetando la ley y los derechos de los consumidores, menos cuando tres años atrás las compañías afirmaron no realizar esas prácticas”.

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Ley sobre ‘deuda consolidada’

MinHaciendaEl Gobierno llevó hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca consolidar la deuda comercial de lo chilenos y establecer una base de datos única que registrará, mantendrá y protegerá los datos del sistema de información comercial.

Dentro de la iniciativa se explica que este servicio se licitará a una empresa.

La información tendrá reglas claras para su manejo, además que “los datos comerciales de las personas ya no podrán circular por el sistema sin el consentimiento expreso del titular”.

Según informó el ministerio de Hacienda, el registro en el “nuevo banco de datos” no incluirá la información comercial anterior a la entrada en vigencia de la nueva legislación, sino que comenzará después que sea publicada la ley.

Además, se amplía la definición de “información comercial”, la cual se entenderá que no solo es la deuda morosa, sino todas las deudas en un momento determinado, adquiridas con distintos acreedores.

–El proyecto establece también que los titulares de los datos comerciales tendrán derecho a saber si su historial ha sido utilizado para tomar una decisión adversa o favorable.

–Se establecerá un sistema gratuito y expedito para corregir los errores que pudieran existir.

–Todas las instituciones que otorgan préstamos tendrán la misma información y podrán basar su oferta en base al “historial de pagos” del solicitante y no por otros factores.

–Se perfeccionan los derechos de los titulares de los datos de obligaciones económicas.

Reconoce que los titulares son los dueños de su propia información comercial, y son quienes pueden decidir cuándo y a quienes la dan a conocer.

–Permite que el “comportamiento de pago” de las personas y de pequeñas empresas pueda ser demostrado a las instituciones financieras al momento de solicitar un crédito y, de esta forma, aumentar el acceso de la población de menores ingresos.

–Las personas que se han esforzado por estar al día en sus deudas podrán usar esta buena reputación para acceder a más y mejores créditos.

–Al existir información tanto positiva (deuda al día) como negativa (deuda morosa) de todas las personas que solicitan préstamos, se “nivela la cancha” y aumenta la competencia en el mercado crediticio.

–Establece una base de datos consolidada (un “banco”) que registrará, mantendrá y protegerá los datos del sistema de información comercial.

–Este banco de datos será adjudicado mediante licitación pública, lo que permitirá terminar con el abuso, y el mal uso, de los datos comerciales privados de las personas, los cuales no podrán circular por el sistema sin el consentimiento expreso del titular.

–Redefine el periodo de caducidad de los datos comerciales, y para las obligaciones morosas establece una escala, que depende de si la mora es “circunstancial” o “reiterada”.

–Establece que las facultades normativas, reguladoras y sancionatorias quedarán radicadas en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

–Se delega en el Consejo de la Transparencia, la instancia de reclamos ciudadanos.

–El registro en el “nuevo banco de datos” no incluirá la información comercial anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley, sino que comenzará después que sea publicada.

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