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Mayor provisión aumentaría costos

A un mes de que comience a regir la normativa que obliga a los bancos a realizar mayores provisiones, por probabilidad de impago de sus clientes, advierten que las nuevas exigencias duplicarían el costo del financiamiento, principalmente para las grandes y medianas empresas. Recuerda el periodista Julio Pizarro que en julio de 2009, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) emitió la circular N° 3.476, aumentando el porcentaje de las provisiones que deben realizar los bancos. Por ejemplo, si una empresa es clasificada individualmente en riesgo “A1” (la más alta calidad y que es asignada a corporaciones con ventas sobre US$ 100 millones), el banco debe resguardar 0,04% del monto solicitado. Actualmente, las entidades no provisionan este tipo de créditos. Además de elevar el costo del financiamiento, los bancos explican que podrían verse obligados a pedir más garantías a los clientes, o restringir el financiamiento a los grupos de más riesgo. La medida de mayores provisiones, también afectará las utilidades de las instituciones, ya que este mayor costo debe contabilizarse contra resultados, dicen los bancos.

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Nueva ley de gobiernos corporativos

congresoNalTras dos años de tramitación en el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron hoy y despacharon a ley, el proyecto sobre normas de los gobiernos corporativos de las empresas privadas.

El cuerpo legal, contenido en 41 páginas, modifica la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Ley sobre Mercado de Valores.

Establece la prohibición de vender valores cuando se está en posesión de información privilegiada.

Dispone la existencia de directores independientes, estableciendo la obligatoriedad de su participación en la integración del comité de directores, y regula las operaciones con partes relacionadas y conflictos de intereses.

La iniciativa obliga a los accionistas que controlen el 10%, o más, de las acciones de una sociedad abierta (así como a sus ejecutivos principales) a informar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y a cada una de las bolsas, de toda adquisición o enajenación de valores de esa sociedad, a más tardar al día siguiente en que se ha materializado la operación.

Entrega al directorio de la empresa la responsabilidad de evitar que la información de la sociedad sea divulgada a uno o más potenciales inversionistas, antes de ser puesta a disposición de todos los accionistas y del público.

El proyecto potencia el funcionamiento de las juntas de accionistas. Establece medidas que buscan que los accionistas dispongan de más y mejor información con la cual poder ejercer su voto.

Regula las auditorías externas, garantizando una mayor seguridad e idoneidad técnica, y establece normas que aseguran la rigurosidad de los informes de auditoría y la obligación de los auditores de asistir a la juntas para responder las preguntas de los accionistas. El texto legal también introduce normas sobre las OPAs.

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Chile elige norma japonesa de TV

tv1Casi US$ 400 millones le costará a Chile adecuarse a la norma japonesa, que fue elegida por el Gobierno como nuevo estándar de televisión digital.

De esta cifra, unos US$ 200 millones deberán invertir los canales de TV abierta en la implementación de esta norma asiática, que tiene adaptaciones de Brasil.

La inversión que deberán realizar los canales abiertos, TVN, Canal 13, Mega, Chilevisión y Red TV (además de varios canales regionales), se estima a diez años.

Los grandes canales, como el estatal (TVN), deberán desembolsar entre US$ 20 y US$ 25 millones para el desarrollo de todo el proyecto.

A esta cifra hay que sumar el costo que deberá hacer cada uno de los usuarios que tienen un televisor tradicional o LCD con sintonizador analógico. El costo de cada aparato decodificador es de unos $22 mil.

Según datos oficiales, en Chile hay un parque de siete millones de televisores. Ninguno de éstos cuenta con decodificador para recibir la norma japonesa, por lo que el negocio de importar estos aparatos será nada de despreciable.

No obstante, no todos los usuarios deberán adquirir un decodificador, sino solo los que tienen televisión libre y abierta con antena. Si tiene cable o satélite, no hay problema.

En la foto, la presidenta Michelle Bachelet hace el anuncio de la decisión, acompañada del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, René Cortázar.

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Cómo actuar los Directorios

zegers1Mientras la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) analiza la defensa de los directivos de Farmacias Ahumada (Fasa) tras los cargos por infringir la ley de sociedades anónimas, entre los académicos este caso ya es motivo de estudio.

Reporta el periodista Julio Pizarro que uno de ellos es el subdirector ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo (Universidad Católica), el abogado Matías Zegers (foto), quien cree que los hechos en el directorio de la farmacéutica sentarán un precedente en el actuar de los directores.

Y no sólo en cuanto a la información que deben recibir de los ejecutivos, sino también en la forma de cómo los directores deben requerirla.

“En Fasa estaba la investigación (de la Fiscalía Nacional Económica por el alza concertada de más de 220 medicamentos) hace tiempo. Uno no tiene el acta de los directorios, pero pareciera que no se preguntó mayormente sobre esto, sino que se esperaron los reportes que dieran los altos ejecutivos. Entonces ahí hay puntos de equilibrio que definir: hasta dónde el director es un ente receptor de información, o debe ser más proactivo en algunos temas”, sentencia.

Para Zegers, “estos temas son más estratégicos, por lo tanto son del directorio. Los más operativos son del ejecutivo”.

Otro punto que propone Zegers es cambiar el concepto de directores independientes por directores profesionales.

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Normativas de ajuste a la banca

sibfCerca de 100 ejecutivos de la banca fueron citados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en el Hotel Crowne Plaza para analizar los próximos cambios a los requisitos de capital de las instituciones financieras, en el marco de la implementación de Basilea II.

Entre los que participaron: Mauricio Larraín, Roberto Zahler y Óscar von Chrismar (Banco Santander), Pablo Granifo (Banco de Chile), Lionel Olavarría y Andrés Bianchi (BCI), Mario Chamorro y Julio Barriga (Corpbanca), Jessica López (BancoEstado), Julio Jaraquemada (Banco Internacional), entre otros.

Además fue invitado el superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín.

Todos ellos escucharon la presentación del superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada, quien expuso los principales puntos que se discutirán (en conjunto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras) para adecuar la normativa bancaria chilena a los acuerdos de Basilea II, que están enfocados principalmente en establecer requisitos de capital en base a los distintos tipos de riesgos.

Al finalizar la cita, la SBIF entregó a cada uno de los asistentes un documento informativo llamado “Marco mejorado de capital de Basilea II en la regulación y supervisión bancaria” (realizado por Günther Held, asesor técnico de la superintendencia), y que plantea algunas adecuaciones al acuerdo original de Basilea II en la banca local, con en base las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como parte de las lecciones que dejó la crisis bancaria internacional.

El periodista Julio Pizarro pone este ejemplo: hacer una distinción entre bancos generales, de aquellos con importancia sistémica; es decir, los que alcancen una “significativa” participación de mercado.

Para este tipo de instituciones, la propuesta es aumentar la exigencia mínima de capital al 10% de sus activos (actualmente es 8%), reconociendo que el porcentaje considera no sólo el riesgo de crédito, sino los de mercado y operacionales.

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D&S y Falabella usaron información privilegiada

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) puso a disposición de la Fiscalía los antecedentes de uso de información privilegiada, en una negociación ocurrida en mayo del año pasado entre D&S (la firma que controla los supermercados Líder) y Falabella, que deberán ser estudiados por la fiscal Ximena Chong.

La SVS cursó 5 sanciones por uso de información privilegiada, y 3 por incumplimiento del deber de reserva.

El superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, cursó multas por un total de US$ 2,2 millones, los que se suman a los US$ 2,7 que adicionalmente deberán cancelar los sancionados, por el lucro obtenido, producto de la compra de acciones con información privilegiada.

Según comunicó la SVS, los principales multados por uso de información privilegiada son:

–Vicente Aresti López

–Alejandro Irarrázabal Ureta

–Eugenio Eben Aresti

–Peter Bruno Studer y

–Marcel Zarour Atanacio.

Arrocera Tucapel: Los tres primeros están relacionados por su labor en la arrocera Tucapel.

Vicente Aresti López es el Vicepresidente de la firma y tuvo contacto con Hans Eben Oyanedel, quien es directivo de la firma y también de D&S.

Por lo demás, la hermana de Vicente Aresti López está casada con el hermano de Hans Eben.

A su vez, tanto Vicente Aresti como Hans Eben son tíos de Eugenio Eben Aresti, amigo del gerente general de Tucapel, Alejandro Irarrázabal.

Mientras, Peter Bruno Studer es el marido de la asesora externa de comunicaciones de D&S, Ana María Laguna, y Marcel Zarour Atanacio es pareja, hace más de 20 años, de una de las dueñas de Falabella, María Luisa Solari.

Entre los sancionados por el incumplimiento del deber de reserva, están:

–Ana María Laguna y

–María Luisa Solari.

Ambas tienen multas de 100 y 1.000 UF respectivamente.

El tercer multado es el director de D&S, Hans Eben Oyanedel.

Recibió una multa por 400 UF.

Vicente Aresti López: El vicepresidente de Arrocera Tucapel, quien comparte dicho directorio con Hans Eben, compró por tres sociedades $2.396.676.804 en acciones de D&S. Aresti recibió la mayor multa entre los sancionados, de $1.800 millones, tanto por la multa como por el beneficio obtenido.

Marcel Zarour Atanasio: Su relación con María Luisa Solari, integrante del grupo dueño de Falabella, fue el vínculo por el cual fueron investigadas sus compras. La multa es de 2.725 UF ($55 millones), además de la devolución de $60 millones por los beneficios obtenidos por la compra de los papeles con información privilegiada.

Peter Bruno Studer: Es el marido de Ana Laguna Galasso, asesora externa de comunicaciones de D&S. El 16 de mayo, Peter Bruno Studer compró 34.850 acciones de D&S, equivalentes a más de $7 millones de inversión por medio de Banchile. La multa es por $8,7 millones, además de la devolución de $3,3 millones por los beneficios obtenidos con información privilegiada.

Alejandro Irarrázabal Ureta: Es gerente general de Arrocera Tucapel. Adquirió por inversiones Sotavento distintos lotes de acciones de D&S, por medio de Corpbanca, obteniendo un beneficio de $101 millones. Alejandro Irarrázabal es yerno de Vicente Aresti López. A su vez, Aresti comparte el directorio de Arrocera Tucapel con Hans Eben, quien tuvo acceso a la negociación de D&S y Falabella, en Lima, Perú. La multa es de UF 8.464 ($172 millones), y la devolución del beneficio obtenido, calculado en $217 millones.

Eugenio Eben Aresti: A nombre de su esposa, Caroline Fell Costa, compró 222.410 acciones de D&S, y los mismos papeles fueron vendidos el 18 de mayo, el día después de conocerse la fusión, logrando obtener una utilidad de $14,4 millones. Eugenio Eben Aresti es sobrino del director de D&S y a su vez sobrino de Vicente Aresti. Eugenio Eben fue sancionado con una multa de $22 millones y la devolución de $21 millones.

La Superintendencia de Valores y Seguros también procedió a sancionar por “incumplir el deber de reserva” de información privilegiada:

Hans Eben Oyanedel: Es director de D&S y recibió una sanción por 400 UF ($8 millones) en su calidad de gestor en las negociaciones con Falabella.

María Luisa Solari Falabella: Es parte del grupo dueño de Falabella y recibió una multa por 1.000 UF ($20 millones).

Ana María Laguna Galazo: Tuvo información privilegiada en su calidad de asesora de comunicaciones de D&S. Laguna debe cancelar una multa por 100 UF.

Todos tienen derecho de apelar ante la Justicia.

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Chilenos por isapres más honestas y justas

Un estudio de “Consumidores e Innovación 2008”, realizado por Research International Cadem, indicó que el 63% de los chilenos considera que ninguna de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) del sistema es innovadora, les gustaría que mejoraran y consideran que no se ajustan mayormente a sus necesidades.

A los encuestados les gustaría que los planes de servicios ofrezcan una mayor cobertura y prestaciones, sin aumentar los precios.

También, como un mensaje a la Superintendencia de Salud,  el 23% demandó mayor información, más claridad y transparencia en los contratos y en el servicio, además de información simple y comprensible.

El estudio reportado por Francisca Garrido afirma que los clientes valorarían que las isapres sean justas y honestas, que cumplan con sus compromisos y que no entreguen información “engañosa”.

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