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Dos mineras donan $3.500 millones

Las mineras Antofagasta Minerals y Freeport McMoran (logo) se comprometieron, motu propio, a donar el 50% del dinero que necesiten los pescadores artesanales de las regiones del Biobío y el Maule que lo perdieron todo por el maremoto del 27 de febrero, para la compra de motores y la reparación y adquisición de botes y artes de pesca (redes, trajes, equipos de buceo, y otros). El otro 50% de los requerimientos, se aportará 25% el Estado y el otro 25% los propios pescadores con créditos blandos del BancoEstado. Freeport aportará $2.500 millones y Antofagasta Minerals $1.000 millones, según informe de los periodistas Franco Vera y Fernanda Valdés.

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Subasta de cuotas de pesca, a debate

La atención del Consejo Nacional de Pesca reunido en Valparaíso se centró en la consulta efectuada por la empresa de capitales noruegos Lota Protein, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que persigue que este instruya a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) para que dicte y aplique el reglamento del artículo 27 de la Ley de Pesca, el cual establece un sistema de subastas de cuotas de extracción y que, según la firma extranjera, permitiría el ingreso de nuevos competidores al rubro. Según la pesquera, la autoridad ha omitido por nueve años (desde que entró en vigencia la Ley 19.713 en 2001) la puesta en marcha de este mecanismo, vulnerando los principios de libre competencia. La consulta ante el TDLC tiene preocupados a los industriales del rubro (que participan del Consejo, al igual que otros sectores y autoridades que regulan la actividad), pues también pretende el establecimiento de un procedimiento de licitación de cuotas de pesca, cuando la norma expire en el 2012. “La mayoría absoluta del Consejo opinó que el tema no tiene asidero, y una licitación de este tipo terminará concentrando la actividad”, dijo Alberto Romero, gerente general de Pesquera El Golfo, a los periodistas Victoria Reyes y César Sottovia.

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Modernizan ley para salmoneras

“Se alargó más de la cuenta”, dijo el presidente del gremio salmonero, César Barros (foto), luego que se aprobó el proyecto que modifica la Ley General de Pesca, la cual quedó lista para ser despachada, faltando sólo la revisión de la Contraloría. La propuesta de la Comisión Mixta centró la decisión en tres temas: 1)hipotecas, 2)prácticas antisindicales y 3)causales de caducidad. Por la tarde, la propuesta fue aprobada por el Senado. La iniciativa precisa que podrá constituirse hipoteca sobre la concesión, lo que abre nuevas opciones de financiamiento para la industria. Además, se repuso la propuesta que dispone una sanción de entre 50 y 150 UTM para el titular de la concesión que cometa una práctica desleal, o antisindical. Lo mismo se aplicará al contratista o subcontratista que incurra en estas prácticas. Esta disposición establece además que no se renovará la concesión al titular que no se encuentre al día en el pago de esta multa, ni tampoco a quien acumule tres sanciones judicialmente ejecutoriadas por prácticas antisindicales en tres ciclos productivos continuos (período que se extiende por casi seis años). También serán sancionadas con multas (que van de 500 a 3 mil UTM) las empresas que no cumplan con las condiciones de densidad o descanso en los centros de cultivo, que tengan escape masivo de recursos o cuando se constate el uso de fármacos prohibidos.

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Crisis social en el sector pesquero

Los 8,8 grados Richter hicieron que las miradas se clavaran, primero, en las grandes aglomeraciones urbanas de la Octava Región (Biobío). Sin embargo, kilómetros al sur quedaba todo un mundo desconocido por recorrer. En el golfo de Arauco, decenas de pequeños y pintorescos enclaves de pescadores y buzos fueron tragados por el mar sin que la ayuda llegara sino hasta cuatro días después de la tragedia. Así empieza, acertadamente, la información de los periodistas Pablo Obregón y Miguel Concha, quienes constataron que la destrucción entre las caletas Tumbes y hasta Punta Lavapié es más definitiva que todo lo visto hasta entonces. Las 700 familias de Tubul, por ejemplo, perdieron casas, embarcaciones, motores, redes y equipos de buceo, justo durante el período del año en que obtenían la mayor parte de sus ingresos por la captura de la sardina. El maremoto destruyó siete plantas de harina y siete de consumo humano, aparte de la mayoría de los centros de descarga, infraestructura cuya reconstrucción costará unos US$ 300 millones según la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). En Tumbes, la destrucción también es total. Durante los últimos años se habían levantado restaurantes y se emplazaban hosterías, pero el 27 de febrero el mar se tragó todo. Unas 4.400 personas vivían de la pesca de sardinas, y según constató este diario, de los 500 botes que integraban la flotilla sólo se salvaron unos 50. Otro tanto ocurre en Llico, un pequeño enclave de predominancia indígena, donde se perdió la totalidad de las cincuenta embarcaciones que había hasta antes del maremoto. Tal como reconoce el gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada, el 99% de la pesca artesanal y semiindustrial de la región era adquirido por la industria mayor, pero este año las cosas se pondrán muy difíciles. Las pesqueras Bío Bío y Landes, por ejemplo, tienen hasta el 50% de sus instalaciones destruidas y el mercado de distribución minorista de Talcahuano también fue arrasado por las olas. Paralelamente, el saliente intendente de la Octava Región (Biobío), Jaime Tohá, insistió en que la catástrofe (que, afirmó, redujo la industria pesquera local a un 5%) debe transformarse en una oportunidad, como ocurrió con la crisis forestal. La prioridad, a su juicio, debería estar en reponer la ruta interportuaria y la construcción de puentes sobre el río Biobío, para levantar la industria.

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Se espera invitación de Ocde a Chile

La presidenta Michelle Bachelet confirmó que el 15 de diciembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) hará la invitación oficial a Chile para ingresar al organismo. Este anuncio contrasta con las acusaciones de dirigentes pesqueros que aseguran que el Gobierno privilegió el ingreso a la Ocde en vez de hacer cumplir la normativa para buques-factorías extranjeros que afectan la industria local. “En la última reunión de la Organización Regional de Pesca celebrada en Auckland, que buscaba fijar límites y cuotas en esta pesquería, Chile no negoció, sencillamente se entregó”, afirma Jorge Quiroz, socio de JQ Consultores, quien asegura que el caso de la pesca del jurel es sólo uno de los costos “por debajo de la mesa” del ingreso. Si bien se espera que la invitación a Chile se haga el 15 de diciembre (cuando se reúne el Consejo de la Ocde, con sede en París), la integración plena de Chile puede demorar meses. Según la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, en todo este proceso pueden pasar hasta seis meses, por lo que el tema de la representación ante la Ocde será una materia que fijará el próximo gobierno.

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Sernapesca establece áreas

sernapescaUn nuevo ordenamiento geográfico y productivo determinó el Gobierno para las compañías salmoneras, con el objetivo de combatir el virus ISA, enfermedad que para 2009 podría reducir hasta en un 50% la producción del sector, informa José Troncoso.

El Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) definió 35barrios” productivos para que las empresas que queden en una misma zona fijen períodos comunes de cultivo y cosechas de salmones, entre otras medidas, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio y expansión del virus ISA.

El Gobierno aplicará incentivos para que la nueva estructura se aplique rápidamente, como postular a créditos con aval del Estado de manera preferente.

Fuentes de la industria afirman que para que la medida sea realmente efectiva (y las empresas puedan traspasar las concesiones) se requiere de una rápida promulgación del proyecto de ley que modificará la Ley General de Pesca y Acuicultura que ingresó a inicios de enero al Congreso.

Con todo, Sernapesca, de acuerdo con la Resolución N° 450/09, de fecha 23 de enero de 2009, creó las categorías de zona infectada y zonas de vigilancia 1 y 2.

Los “barrios” son 17 en la Región de los Lagos y 18 en Aisén.

El establecimiento de subzonas en la Región de Magallanes (zona de vigilancia 2) se encuentra en etapa de evaluación, dijo una fuente de Sernapesca.

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Piden suspender pesca de arrastre

Si bien hay quienes insisten en que la prohibición de la pesca de arrastre, que hoy piden los pescadores artesanales, dejará varios miles de cesantes, el diputado René Alinco desestima esta visión.

“La derecha y los empresarios piensan que nosotros buscábamos crear cesantía y eso es totalmente falso”, dijo.

“La única forma de proteger los recursos marinos es reducir la pesca de arrastre; la intención no es perjudicar a los industriales ni a los trabajadores que profesan la captura del sector industrial, sino preservar los recursos”, dijo el parlamentario a La Nación.

La diputada Clemira Pacheco, también integrante de la Comisión de Pesca, piensa que todavía falta abordar más aristas en el asunto, por lo que propuso la creación de una subcomisión que tendrá su primera sesión ordinaria en marzo próximo.

“Hay zonas que me llaman la atención y en las que no se han hecho estudio alguno, y hay zonas más ricas que otras en recursos, pero no existe una institucionalidad estatal pesquera que nos pueda acreditar cuáles son los actos de pesca dañinos al medio ambiente, en cuanto a los ecosistemas más vulnerables”, dijo Pacheco.

El presidente de la Federación de Tripulantes de Chile (Fenitrech), Sergio Vera, señaló que ninguno de los invitados a exponer fueron capaces de demostrar que el arte de arrastre daña los fondos marinos.

El secretario de la Corporación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Cosme Caracciolo, cree que hoy en día existen los antecedentes para prohibir una actividad:

“Nosotros creemos que hay que eliminar la pesca de arrastre porque los recursos pesqueros ya no soportan más explotación, y considerando que en el mundo este es un arte muy destructivo, según el consenso científico, acá en Chile ocurre lo mismo”, sostiene el dirigente, acusando a la industria del rubro de que los recursos pesquero, específicamente de mersales (que viven en el fondo), como la merluza, disminuyen con el arrastre.

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