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Bolsa de empleo y salario mínimo

El Gobierno lanzó cuatro iniciativas en materia laboral, dos de las cuales son proyectos de ley que se enviarán al Congreso, para mejorar el funcionamiento del mercado del trabajo y promover la contratación en las empresas y proteger a los empleados. Entre las iniciativas está la creación de una Bolsa Nacional del Empleo que comenzaría a operar en septiembre y la Comisión Técnica que, de aquí a junio, definirá los parámetros de reajuste del salario mínimo, conformada por el economista y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, Juan Carlos Scapini y Roberto Morales por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Cristóbal Huneeus y Diego Olivares por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT, logo), Pablo Bosch y Alfonso Swett por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Carlos Boada por la Conapyme, y los expertos Bernardita Vial, Ricardo Paredes, Joseph Ramos, Alejandra Mizala y Raphael Bergoeing.

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8.417 despidos por fuerza mayor

La ministra del Trabajo, Camila Merino (foto), informó que la Dirección del Trabajo ha recibido 8.417 notificaciones de despidos por motivos de “fuerza mayor”, invocados a raíz del terremoto del 27 de febrero. Sin embargo, la autoridad precisó que “también tenemos algunas empresas que ya se han desistido a esto, por lo que esa cifra hay que revisarla”. Del total de notificaciones que se han recibido, hasta el 26 de marzo, 3.450 corresponden a la Región del Biobío, mientras que 3.651 se han realizado en la Región Metropolitana.

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Desempleo del 8,7% y en aumento

La tasa de desempleo llegó a 8,7% en el trimestre noviembre2009-enero2010. La cifra es más alta que el 8,6% registrado en el trimestre agosto-octubre del 2009, y el 8% anotado en noviembre-enero del año 2008-2009. “El comportamiento de esta variable permite prever aumentos de la tasa de desempleo observada para los próximos periodos”, previó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El aumento del empleo, al igual que el trimestre anterior, se registró principalmente en Agricultura (39.890) y Comercio (18.090). Asalariados fue la principal fuente de incremento del empleo total, con una variación positiva (1,3%), mayor a la registrada en este mismo trimestre de 2008, cuando se observaron los primeros impactos de la crisis en el mercado del trabajo. En doce meses se consignó el primer aumento de la ocupación (0,7%), después de diez disminuciones consecutivas. A su vez, la fuerza de trabajo se incrementó 1,4%.

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Quiebras, pesadilla de trabajadores

Los ex empleados de Papelera Carrascal y la editorial de álbumes Salo no solo perdieron sus puestos por quiebra de las empresas sino que aún no reciben sus finiquitos, que incluyen las indemnizaciones por años de servicio. Papelera Carrascal fue a remate el mes pasado, pero no hubo oferentes. Similar situación afecta a los trabajadores de Salo, aunque en el caso de esta empresa la quiebra es más reciente. Según Juan Durán, ex trabajador de Salo: “Yo quedé sin trabajo, sin sueldo, y con un papel que dice que nos finiquitan. No se nos ha pagado, tuvimos que demandar a la empresa y contratar un abogado”, dijo. Y agrega que se han encontrado con una Justicia lenta en su resolución, tribunales en vacaciones y nula disposición de la empresa.

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Fallo de Corte sobre IPC, a pensiones

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal e inconstitucional bajar los salarios cuando haya inflación negativa, tuvo un coletazo inesperado: los jubilados quieren saber si el fallo también sirve para defender sus pensiones. Lo que precipita este debate es que la Corte Suprema no se limitó a revisar un proceder anterior de la Dirección del Trabajo, sino que determinó que la expresión “reajuste” entraña la noción de aumentar la cuantía, situación que a ojos del diputado Pablo Lorenzini fija un criterio que debiera replicarse en todas las modalidades de pensiones expresadas en Unidades de Fomento (UF). De hecho, a fines de 2009 el diputado había pedido un cambio normativo que precisara que la inflación negativa no puede implicar una baja de las pensiones, en cualquiera de sus modalidades. Añadió el periodista Pablo Obregón Castro que el presidente de la Organización de Consumidores (Odecu), Stefan Larenas, adelantó que el equipo jurídico de esta entidad adoptará acciones relativas a las cláusulas contractuales que vulneren la definición de reajuste que entregó la Corte Suprema de Justicia.

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IPC negativo, no baja sueldos: Corte

Luego de una seguidilla de fallos a favor de los empleadores, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia terminó por concederle un punto a la Dirección del Trabajo y resolvió que las empresas no pueden corregir a la baja los salarios de sus trabajadores, cuando el IPC sea negativo. De este modo, el máximo tribunal revierte un pronunciamiento previo de la Corte de Apelaciones, que había dado la razón a la empresa de la discordia: metalúrgica Sorena Norte. Muy buena noticias. El periodista Pablo Obregón Castro recordó que el caso se precipitó en 2009, cuando los trabajadores de esa compañía recurrieron a la Dirección del Trabajo para denunciar a su empleador por haber corregido los salarios a la baja, basándose en las cifras de inflación negativa que se registraron ese año. Naturalmente, el organismo fiscalizador aplicó la multa correspondiente. Lo llamativo es que la compañía no impugnó el fondo del asunto, sino que cuestionó las atribuciones de la DT para interpretar la aplicación de un contrato entre privados. A ojos de la Corte de Apelaciones, la estrategia adoptada por la compañía apuntó en la dirección correcta, puesto que efectivamente la DT no tiene facultades para reinterpretar contratos, sino sólo para hacer cumplir la ley. Lo nuevo es que, esta vez, el máximo tribunal no se limitó a revisar el correcto proceder de la DT, sino que fue al fondo del asunto: determinó que la autoridad fiscalizadora no se había extralimitado en sus atribuciones y, además, tratándose de salarios la expresión reajuste entraña la noción de aumentar su cuantía y nunca bajarla. Si bien este fallo sienta jurisprudencia, y opera como un espaldarazo al criterio aplicado por el organismo fiscalizador, se refiere a un caso específico y no puede hacerse extensivo, de modo automático, a otras compañías.

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Chile podría dejar de recibir carga

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile entró en paro para presionar que el Gobierno patrocine un proyecto de ley que amplíe la planta de personal y las facultades fiscalizadoras de sus funcionarios, además de de un sistema de alta dirección pública y normas de suplencias y turnos. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas (Anfach), Osvaldo Villablanca, dijo que los trabajadores de aduanas de distintos países sudamericanos han expresado su “solidaridad” con la movilización en Chile. Villablanca advirtió que “lo más probable es que en las próximas horas tampoco se despache carga desde esos países a Chile”. Asimismo, la Asociación de Funcionarios del SAG (Afsag), manifestó en un comunicado su apoyo a la parálisis de Aduanas “ante el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno”.

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Desigualdad en trabajadores estatales

Los trabajadores de empresas públicas no sólo estarían molestos con el rechazo de los mineros de Chuquicamata al bono por $11,5 millones para cada trabajador, ofrecido por Codelco Norte, sino también con las diferencias sustanciales que tienen unas y otras empresas del Estado a la hora de sentarse a negociar sus contratos colectivos. La legislación actual dicta que el monto máximo establecido por el Ministerio de Hacienda y el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en las negociaciones colectivas de las compañías del Estado es de 1% real anual, incluyendo todos los beneficios negociados. Al respecto, Roberto Briones (foto), presidente del sindicato de trabajadores de la Polla Chilena de Beneficencia, una de las 28 empresas SEP, dice que “ésta es una limitación tremenda que nunca hemos podido arreglar. Me parece inconcebible que existan esas diferencias entre empresas que pertenecen finalmente al mismo dueño, el Estado”.

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Gobierno malo en lo laboral: CUT

Lo primero que le confesó Arturo Martínez (foto) a la periodista Lina Castañeda fue que “a pesar de que las derrotas son duras, dolorosas, amargas, para mí fue una muy buena experiencia participar como candidato a diputado en las elecciones pasadas”. Arturo Martínez es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

-¿En qué avanzó la CUT con el empresariado y el Gobierno?

“Lo único bueno fue el acuerdo tripartito por el empleo, pero en otras cosas no se logró nada. Este gobierno para nosotros fue el más malo en el tema laboral de los cuatro períodos de la Concertación”

-¿Hay promesas incumplidas de la Presidenta?

“El proyecto del defensor laboral no llegó al Parlamento, tampoco el de la AFP estatal; la reforma laboral con el fortalecimiento de la negociación colectiva y la sindicalización, ni el financiamiento de la capacitación sindical de trabajadores”.

-¿Y la reforma previsional?

“Lo que sí rescato es la reforma previsional, que le puso un pilar básico solidario a un sistema que estaba haciendo agua”.

Martínez reiteró que mantiene su condición de dirigente aun cuando para postular a la Cámara de Diputados debió renunciar a la presidencia de la CUT. “Fui elegido hasta el 2012”.

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Paro el 22, en SII, Tesorería y Aduanas

Funcionarios de Servicio de Impuestos Internos (SII), de Tesorería y de Aduanas anunciaron un paro nacional para el próximo martes, 22 de diciembre, en rechazo a que los cargos directivos sean ocupados por personas seleccionadas por concurso del Sistema de Alta Dirección Pública (Sdap) y “no por empleados con experiencia de esas instituciones”. Llamaron a que el público se abstenga de concurrir el martes 22 de diciembre a las oficinas porque los empleados estarán movilizados y no atenderán trámites. Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), dijo que Impuestos Internos, Tesorerí­a y Aduanas son servicios de “excelencia”, precisando que SII “arrasa con los premios a la calidad y que es reconocido internacionalmente, existiendo en éstos trabajadores con una alta probidad y ética en su trabajo, y se pretende introducir cambios para que personas externas entren a ejercer los cargo”. “Directores de esos servicios por su larga trayectoria han debido pasar filtros para poder llegar a esos cargos y tienen una alta experiencia y con la modificación propuesta por el Gobierno llegarán personas de fuera, que no tienen el conocimiento ni comprobada probidad, y por lo tanto un patrimonio que es de la ciudadaní­a y del Estado se está poniendo en peligro”, sostuvo. “Quienes son hoy esos directores regionales, son funcionarios de carrera que llegan a ocupar esos cargos, y es muy difí­cil que personas, con muchos tí­tulos que tengan, que vienen de fuera, puedan ocupar un cargo de esta envergadura y por eso nos estamos oponiendo a esa indicación”, expresó Oriana Urrutia, representante de la asociación de fiscalizadores de Impuestos Internos. A su vez, el secretario general del Frente de Hacienda, Ernesto Muñoz, dijo que como esta la situación hoy dí­a “empleados de estos servicios con 30 ó 40 años de trabajo, con una probidad a toda prueba y experiencia por su labor de toda una vida, no pueden ganar concursos porque las bases de éstos están hechos para que funcionarios del área privada entren a la administración pública”.

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30.000, de honorarios a contrata

De manera informal se supo que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y al Gobierno han mostrado disposición de sentarse, paralelamente a las negociaciones del reajuste salarial, para buscar mejorar las condiciones laborales en el aparato público. “Está la intención de ambas partes de retomar las conversaciones a más tardar la próxima semana, para llegar pronto a acuerdos”, explicó la fuente. La agenda incluye tres grandes ítems: 1) el desarrollo de la carrera funcionaria, 2) la regulación de la negociación en el sector (derecho a huelga y otros) y 3) la normativa que rige a las asociaciones de funcionarios, además de la regularización de la situación contractual de miles de trabajadores. Este es uno de los puntos más polémicos. La Anef busca que una parte sustancial de los 30.000 trabajadores que se desempeñan en el Estado y hoy están a honorarios, pasen a contrata, vínculo que dura un año y se debe renovar cada 12 meses. En las últimas negociaciones, el Gobierno (los ministerios de Hacienda y Trabajo) se había abierto a estudiar esta opción, aunque considerando un universo de personas “transferibles” mucho menor que el que cree la Anef. En las negociaciones participa también un comité de la Dirección de Presupuestos de Hacienda (Dipres).

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